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sábado, 1 de octubre de 2011

El Concello de Barro tendrá que devolver 4.000 €/mes al Estado por la mala gestión de la crisis hecha por el Gobierno central.

Los ayuntamientos se desangran. La factura que pasa la crisis es cada vez más preocupante: menos ingresos por impuestos, menos ingresos procedentes de otras Administraciones y ahora, para cerrar el círculo, se enfrentan a la obligación de tener que devolver al Estado un dinero que ya está gastado. Se trata de la reclamación que hace el Ministerio de Economía por las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009.

¿Qué fue lo que sucedió? Pues, sencillamente, que en la época en la que desde el Gobierno central se negaba reiteradamente la existencia de la crisis económica, el ministerio transfirió, como hace cada año, un dinero a los municipios a modo de adelanto de la participación de los concellos en la recaudación fiscal. El problema es que eran estimaciones, y los cálculos se fueron al garete cuando la crisis azotó con toda su virulencia. Ahora el Estado reclama parte de esas cantidades que, por otro lado, los ayuntamientos ya han gastado.

En cinco años
Y la factura no es pequeña: los quince municipios de la comarca suman una deuda de 13,2 millones de euros a pagar en cinco años. Es decir, que a partir del 2012 tendrán que ir devolviendo a razón de 221.000 euros ¡cada mes!

Un auténtico dineral para las maltrechas economías municipales. Con 221.000 euros se pueden financiar, por ejemplo, cinco guarderías con ochenta plazas cada una; o tres centros de día; o instalar varios centenares de metros de tubería para ampliar las redes de alcantarillado en el rural.

Obviamente, el impacto de las devoluciones no es igual para cada ayuntamiento (ver gráfico adjunto), del mismo modo que no todos reciben la misma cantidad de esa participación en los tributos del Estados. El reparto se hace en función de la población. Así mientras la reclamación para A Lama, Barro, Campo Lameiro o Portas no llega a los cuatro mil euros mensuales, en el caso de Poio supera los 12.000, en el de Marín roza los 24.000, y para Pontevedra la cuenta supondrá desembolsar cada mes más de 111.000 euros.
Si solo fuera esta cifra a la que han de hacer frente los ayuntamientos, la situación sería menos dolorosa. El problema es que prácticamente todos tienen a mayores deudas con entidades financieras procedentes de ejercicios anteriores.

Pontevedra, por ejemplo, debe 21,3 millones; Sanxenxo, 12; y Poio, nueve millones. Son los tres municipios más endeudados. En el otro extremo se sitúan A Lama, Campo Lameiro y Cotobade, que a 31 de diciembre del 2010 no tenían ningún tipo de deuda contraída con los bancos. Ahora estos tres municipios sí tienen una obligación financiera, aunque es directamente con el Estado.

¿Qué van a hacer los gobiernos locales para afrontar esta nueva deuda a mayores? Principalmente, reducir otros gastos. Todos coinciden en que habrá que sacar de algún sitio para que los servicios que se prestan a los ciudadanos se vean alterados en la menor medida posible. Menos alegrías presupuestarias en la fiestas, adiós a proyectos excesivamente caros o eliminación de partidas para ahorrar.

Y es que, como dijo en su última toma de posesión el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores -en el cargo desde 1999-, en este mandato va a haber que «resetear» la gestión municipal.
Cantidad a devolver por los 15 municipios de la comarca 13,2 Millones de euros.



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