Los tribunales tumban un nuevo intento de los concellos para cobrar por el IBI de la AP-9, entre ellos Barro.

La iniciativa había sido puesta en marcha por la Diputación a través del ORAL para reclamar al Estado un total de 4,2 millones para doce municipios que atraviesa la autopista EYa hay, al menos, cinco sentencias desfavorables

Los tribunales de Justicia han vuelto a tumbar una nueva iniciativa de los concellos pontevedreses mediante la cual pretendían cobrar una compensación ante la exención del pago del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la concesionaria de la autopista AP-9. En esta ocasión, se trata de una actuación que estuvo coordinada desde la Diputación Provincial a través del Organismo Provincial de Gestión de Recursos Locales (el ORAL) y mediante la cual se exigía al Gobierno el pago de hasta 4,2 millones de euros para los 12 municipios que atraviesa la AP-9 en la provincia de Pontevedra, con la excepción de la capital y Vigo.
La iniciativa la presentaba en mayo de 2009 el propio presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y el que era diputado y responsable del ORAL, Xosé Crespo. Ambos se mostraban "convencidos" de lograr el objetivo: conseguir unos fondos que contribuirían a dar un pequeño respiro a las ya por entonces debilitadas arcas municipales. Entonces ya advertían de que el camino andar era largo: "el que suele tardar la Justicia y en este país es bastante lenta".
Louzán y Crespo acertaron en la segunda de sus afirmaciones -la lentitud de la maquinaria judicial provocó que las primeras sentencias sobre esta cuestión no salieran a la luz hasta ahora- pero su convicción de que los concellos cobrarían resultó errónea. Casi tres años después, las cinco primeras sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid niega a los concellos esta compensación por el IBI de la AP-9 entre los años 2007 y 2009.
Como primer movimiento, el ORAL se dirigió al Ministerio de Hacienda para exigir el pago de esta compensación. Entonces esta cartera estaba todavía en manos de la ministra socialista Elena Salgado y esta respondió que "legalmente, no hay nada que se le deba a las haciendas locales". El Gobierno Central desestimó la petición y el ORAL presentó recurso ante el Contencioso Administrativo. Esto era algo que ya preveían.
Los servicios jurídicos de la Diputación acudían a los tribunales con optimismo, blandiendo entre sus armas una reclamación que consideraban justa (la exención del pago del IBI a la concesionaria de la AP-9 se sustenta en un Real Decreto aprobado en la dictadura, en 1972) y sobre todo varias sentencias dictadas por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las que se reconocía el derecho de algunos ayuntamientos a percibir ese canon. Lo que desconocían entonces es que el Supremo iba a enmendar la plana al TSJM y a anular dichos fallos judiciales sentando, además, jurisprudencia.
Así lo recogen las sentencias emitidas por el TSJM ante la reclamación realizada por el ORAL desde Pontevedra en la que recuerdan que dichos fallos judiciales favorables a los ayuntamientos fueron anulados por el Supremo y que "ni los compromisos internacionales asumidos por España, ni nuestra Constitución ni la legislación ordinaria imponen al Estado, de forma ineluctable, la obligación de transferir a los ayuntamientos las cantidades que dejen de percibir como consecuencia de los beneficios fiscales que haya otorgado u otorgue sobre tributos locales". Tampoco tiene en cuenta los alegatos sobre la supuesta autonomía económica de los ayuntamientos para poder cobrar los impuestos que les corresponden.
Por el momento, estas cinco primeras sentencias emitidas por el TSJ de Madrid rechazan las compensaciones que se reclamaban por el IBI de la autopista entre los años 2006 y 2009 para los ayuntamientos de Poio (por una cuantía total de 69.863 euros), Meis (7.948 euros), O Porriño (229.447 euros), Mos (145.400 euros) y Portas (420.000 euros).
La lista de los concellos afectados por la AP-9 para los que también se había presentado reclamación la completan Pontecesures, Tui, Valga, Vilaboa, Moaña, Barro y Caldas hasta sumar esta cantidad de 4,2 millones de euros. Unos recursos que, a la vista de las últimas sentencias dictadas por el TSJ de Madrid, parece que tampoco tienen muchos visos de prosperar ya que deberán ser resueltos por el mismo tribunal.
Distintas formaciones políticas, como el BNG, reclamaron en el Congreso y en el Senado que se acabe "con los privilegios fiscales" de los que goza la concesionaria de la AP-9 como la exoneración del pago del 95% de este impuesto del IBI, que es además un tributo municipal, y ante la mala situación económica de las administraciones locales.