El Gobierno reformará la administración local.
Por su cuenta. Y sin apoyo del PSOE. No habrá reducción de municipios,
pero sí de los concejales que cobran por su labor política. Esa es una
de las principales novedades de la reforma aprobada por un Consejo de Ministros, que también limita el sueldo máximo que cobrarán los alcaldes.
La reforma impulsada en solitario por el
Gobierno, tras no conseguir un pacto entre el PP y el PSOE, incluye una
limitación del número de concejales con dedicación exclusiva, es decir,
aquellos que cobran por su actividad política. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
ha concretado que la intención es que no cobren el 82% de los ediles
municipales, de tal modo que sólo tendrían sueldo unos 12.188 concejales
de los 68.285 que existen en toda España.
Los alcaldes de localidades con menos de mil habitantes, sin sueldo
Tampoco cobrarán los alcaldes de localidades con
menos de mil habitantes. De acuerdo con la futura reforma, los alcaldes
de las ciudades con más de 500.000 habitantes cobrarán de manera similar
a un secretario de Estado, que tienen una nómina cercana a los 100.000
euros brutos al año.
Además, la reforma también pone límite al número de asesores de las corporaciones locales.
La limitación se establece en base a tramos de
población pero el personal eventual nunca podrá superar el 0,7% de la
plantilla del municipio, una proporción que, según Montoro, supondrá un
recorte importante y que obligará a establecer un periodo de transición y
plazos para cumplir con esta nueva limitación. Aplicando los baremos de
la reforma, en total, habría unos 6.500 asesores en los municipios
españoles.
Otra de las novedades incluidas por el Gobierno
es el establecimiento de los topes del sueldo de los empleados públicos
locales, que se marcará en los presupuestos y no será decidido por las
corporaciones locales como hasta ahora. De esta manera, desaparece la
«negociación exclusiva» en materia de sueldos en la administración local
porque no tiene sentido, a juicio del Ejecutivo, que cobren más un
funcionario local que otros que realizan similares actividades.
Refuerzo para las diputaciones
La reforma de la administración local
prohibirá la creación de nuevas empresas públicas municipales y las ya
existentes tendrán que disolverse, según ha anunciado Montoro. No serán
las únicas, ya que el proyecto también contempla que las mancomunidades y
entidades locales que no rindan cuentas «deberán desaparecer» en un
plazo de tres meses.
En el nuevo reparto de competencias de la reforma salen reforzadas las diputaciones
ya que según el Gobierno su posición de administración intermedia
permitirá ayudar a fomentar sinergias entre los municipios más pequeños y
conseguir ofrecer los servicios esenciales a un coste menor.
El Gobierno calcula que el ahorro que supondrá la
aplicación de esta reforma será de 7.129 millones hasta el 2015. Un 31%
de ese ahorro -unos 2.731 millones de euros- procederían de la
clarificación de competencias, el 46 % -unos 3.281 millones- de la
eliminación de duplicidades y el 19,6 % -unos 1.397 millones- de reducir
las dimensiones del sector público. Además, el Gobierno estima un
ahorro de 72,8 millones de euros por la supresión de mancomunidades y
entidades locales menores -un 1 % del total- y reducir el gasto en 145,8
millones -un 2 %- por la eliminación de personal eventual y altos
cargos.
El anteproyecto de la reforma de la Administración Local
será ahora remitido al Consejo de Estado, como paso previo a su
posterior envío a las Cortes Generales. La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría,
ha asegurado que se trata de una «ley clave» para la racionalización de
la estructura del Estado y para la sostenibilidad de las cuentas
municipales. En esta norma, ha continuado la vicepresidenta, el Gobierno
persigue clarificar competencias y fijar las que tiene que hacer cada
administración, además de evitar duplicidades.
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