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lunes, 2 de junio de 2014

La Audiencia entierra la posibilidad de usar el georradar en el Castrove


La Audiencia de Pontevedra ha desestimado el recurso que la familia de Sonia Iglesias, de cuya desaparición se cumplirán este agosto cuatro años, por el que solicitaba la toma de declaración como testigos de «los funcionarios de policía encargados de la investigación y la prospección mediante georradar o radar de penetración terrestre (GPR) para la detección de restos humanos» en el monte Castrove. De este modo, los magistrados han confirmado el auto de la jueza de instrucción que ya había denegado estas mismas pruebas.
En la resolución se recuerda, entre otras cuestiones, que «el derecho a la prueba, como viene manifestando el Tribunal Constitucional, no tiene carácter ilimitado». Esto conlleva que los jueces tienen potestad para no admitir aquellas solicitudes que consideren que no contribuirán al esclarecimiento de los hechos investigados: «El juzgador no tiene la obligación de admitir todos los medios propuestos por las partes, sino que corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria la facultad de resolver sobre la pertinencia de la prueba con libertad de criterio».
En este caso concreto, la Audiencia considera que «resulta significativo» el hecho de que los apelantes no formulasen «apelación alguna que reforzase su postulación frente a las razones expuestas por la jueza para sustentar su denegación». Según trascendió en su día, la titular del juzgado que lleva las causas de violencia sobre la mujer rechazó la comparecencia de los agentes, adscritos tanto a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Madrid como a la de Pontevedra, al entender que lo que pueden aportar está recogido en los distintos informes aportados al procedimiento que se sigue por un supuesto delito de detención ilegal en el que está imputado Julio Araújo, compañero sentimental de la pontevedresa.
En cuanto al empleo del georradar, se consideró que, en principio, no iba a aportar nada a la instrucción judicial. A esto se suma, según reseñaron distintas fuentes próximas al caso, el hecho de que no se dispone de una zona acotada o delimitada.
Se cuenta, eso sí, con un indicio: el 18 de agosto del 2010, día en el que Sonia Iglesias desapareció, un repetidor de telefonía situó en este entorno a caballo de los municipios de Poio, Meis, Meaño y Barro una llamada supuestamente realizada por Araújo, unas dos horas después de que se hubiera confirmado que la pontevedresa no había acudido a su puesto de trabajo.
Pese a tumbar ambas peticiones declarando de oficio las costas, los magistrados pontevedreses aseguran «comprender (...) la angustia de la familia» de Sonia.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2014/05/31/audiencia-entierra-posibilidad-usar-georradar-castrove/0003_201405P31C5991.htm

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