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lunes, 21 de marzo de 2016

El Ayuntamiento de Barro gobernado por el BNG y PSOE incumple la ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de obligado cumplimiento.


Once concellos de la comarca siguen sin hacer pública la declaración de bienes de sus ediles

Solo en las páginas web municipales de Pontevedra, Sanxenxo y A Lama se pueden ver esos datos -Municipios como Poio, Vilaboa o Caldas carecen siquiera de portal de transparencia



Desde el pasado mes de diciembre todos los concellos están obligados a hacer públicos, a través de sus respectivas páginas webs, todos sus datos en materia financiera, de contratos y, entre otros, de los salarios y el patrimonio de sus concejales. Así lo establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada a finales 2013 y que es de obligado cumplimiento para la administración local desde hace casi cuatro meses. Sin embargo, se cuentan con los dedos de una mano los municipios de la comarca que, sin cumplir la totalidad de exigencias legales, al menos ponen a disposición de los ciudadanos buena parte de los datos demandados. Además de la Diputación, solo en las páginas web de Pontevedra, Sanxenxo y A Lama se puede conocer la declaración de bienes de sus ediles.
Para ello se creó en sus páginas web un apartado específico denominado "Portal de Transparencia", una pestaña que sí está operativa en municipios como Marín, Cuntis, Ponte Caldelas o Cotobade, aunque su contenido no está completo. En otros casos, no es posible siquiera localizar ese apartado, como ocurre en Poio, Vilaboa, Campo Lameiro, Caldas, Portas, Moraña o Barro.
En todo caso, la eficacia de los portales de transparencia, allí donde existen, es muy variada. Así, resultan llamativos los casos de Cuntis y Cotobade. En el primero de estos municipales se dispone de un portal donde se anuncia información en materia de retribuciones e indemnizaciones de los políticos, sus bienes y patrimonio, presupuestos municipales y otros datos, pero en la mayor parte de los casos aparece el siguiente anuncio: "Sección en construcción. Disculpen las molestias", con lo que la mayor parte de los apartados están aún vacíos.
Por su parte, Cotobade dispone de un completo, y complejo, portal de transparencia en su página web, con un extenso índice de asuntos, pero sigue sin rellenarse el de la declaración de bienes y en materia de retribuciones, se obtiene un enlace con el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de junio de 2015, con el acuerdo por el que el alcalde percibirá 35.000 euros brutos al año, repartidos en 14 mensualidades.
La página web de Ponte Caldelas también cuenta con un portal específico para cumplir la Ley de Transparencia. En él se pueden localizar documentos sobre el plazo de pago de las facturas, los presupuestos y otros detalles, pero nada relativo a salarios y patrimonio de los concejales. De hecho, incluso está sin actualizar la composición de la corporación, ya que aún cita a Perfecto Rodríguez como concejal del PP, cargo que abandonó en noviembre.
Donde no es posible localizar en la página web ninguno de los datos básicos que exige la Ley de Transparencia es en los concellos de Poio, Vilaboa, Caldas, Portas, Moraña y Campo Lameiro, ya que ni siquiera disponen de un portal específico para ello.
En el otro lado de la moneda se sitúan tres concellos (Pontevedra, A Lama y Sanxenxo) y la Diputación, la primera que hizo público el patrimonio de sus políticos, seguida de A Lama y Sanxenxo. Este último municipio lo hizo ya a finales de diciembre, mientras que en Pontevedra se pudo conocer el patrimonio declarado por los concejales a mediados de febrero. Y desde el 1 de marzo tiene en funcionamiento la denominada "sede electrónica", donde se incluyen apartados como el portal del contratante, diversos trámites on line, información de contratos, incluso los menores, un tablón de anuncios y otros detalles. No obstante, se apunta que el resto de obligaciones de la Ley de Transparencia "se irán implementando a lo largo del año".
Y es que no solo deben figurar los sueldos y los bienes de los políticos. La ley obliga a tener que publicados todos los contratos con indicación del objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que se ha publicitado, el número de licitadores y la identidad del adjudicatario.
También tendrá que ponerse en conocimiento de la población en internet las modificaciones de los contratos. Son estos apartados los de más complejo cumplimiento, en especial para municipios pequeños, con dificultades para recopilar esos datos y sin personal específico para su tratamiento informático.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2016/03/21/once-concellos-comarca-siguen-publica/1427240.html

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