La Diputación destina 465.000 euros a personas en situación de emergencia social en 52 municipios

Los interesados podrán solicitar la ayuda económica a partir de las próximas semanas en las oficinas de Servizos Sociais de su concello

La Administración provincial pretende garantizar y cubrir las necesidades y derechos básicos de aquellas personas de la provincia que se encuentran en situación de exclusión social. Así, los recursos se destinarán a alimentación, vivienda, transporte, fármacos y tratamientos médicos, además de apoyo a la infancia

La Diputación de Pontevedra aprobó hoy en Xunta de Goberno las ayudas de emergencia social para el primer grupo de los 52 municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes que en su momento la solicitaron.
Alimentación, gastos de vivienda, gastos en productos de higiene y limpieza, en productos farmacéuticos, en adquisición de electrodomésticos, para transporte y desplazamientos, pagos de lentes y audífonos, gastos derivados de tratamientos de odontología y ayudas de apoyo a la infancia, son los principales ámbitos de cobertura de esta subvención social, cuyo presupuesto global es de 465.000 euros.
La cuantía que inicialmente será destinada a 20 municipios se fija en un importe de 175.000 euros y todas aquellas personas interesadas en optar a esta ayuda podrán solicitarla a través de las oficinas de Servizos Sociais de su Concello.
La población que en las próximas semanas podrá acogerse a dicho plan de emergencia social será la residente en los municipios de A Guarda, A Lama, A Cañiza, Illa de Arousa, Agolada, As Neves, Baiona, Barro, Campo Lameiro, Catoira, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Forcarei, Fornelos de Montes, Meis, Moraña, O Grove, O Rosal, Poio y Salceda de Caselas.
En 2018, la Deputación de Pontevedra dio cobertura con estas ayudas a las necesidades básicas de un total de 1.700 familias de la provincia de Pontevedra, de las cuales 1.272 tenían menores a su cargo y 967 a ambos progenitores en situación de desempleo.
Por otra parte, el registro de la Administración provincial recoge que 299 eran familias monoparentales, 352 usuarias del Servizo de Educación e Apoio familiar y 48 del Servizo de Axuda Familiar. Asimismo, 62 mujeres eran víctimas de violencia de género y, además, 274 personas tenían diversidad funcional o un grado de dependencia determinado.
El principal objetivo de este proyecto social, es "destinar os recursos precisos para garantir e cubrir as necesidades e os dereitos básicos de todas aquelas persoas da nosa provincia que están nunha situación de emerxencia social".