El ADIF obliga a los vecinos a legalizar en dos meses un depósito que iba a ser temporal
Del malestar a la indignación. Así están las trece familias de la aldea de San Amaro, en el municipio de Barro, a las que las obras del AVE dejaron hace más de ocho años sin sus pozos de agua. Los afectados acaban de recibir una carta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que ellos interpretan como «una amenaza». La situación actual se remonta a la ejecución del proyecto constructivo del Eje Atlántico de Alta Velocidad en el tramo de Cerponzóns (Pontevedra) a Portela (Barro). Esos trabajos afectaron a unos pozos situados entre los puntos kilométricos 3,3 y 3,7 de la zona de San Amaro, que eran utilizados para el abastecimiento de agua a las viviendas y para el riego de terrenos cultivados.
Para reponer esos pozos, que es lo que hoy en día siguen reclamando los vecinos, se construyó un nuevo depósito que se iba a completar con un pozo de sondeo para la captación. Se ejecutó en el 2009 y, según ADIF, los gastos de suministro eléctrico y de mantenimiento han sido asumidos hasta la actualidad por esta entidad. Los afectados cuestionan este extremo en lo relativo al mantenimiento del depósito, que está en unas condiciones insalubres. El organismo dependiente del Ministerio de Fomento emplaza ahora a los afectados a legalizar esas instalaciones ante Augas de Galicia, para lo que necesitan obtener la correspondiente concesión para el nuevo aprovechamiento. Los propietarios que se beneficiarán de la misma, relata ADIF, deberán constituirse en una comunidad de usuarios, tal y como establece la Ley de Aguas. Y añade que a partir de los dos meses siguientes a la notificación de este escrito, la entidad dejará de asumir cualquier obligación, debiendo correr los vecinos con los gastos de suministro eléctrico y los derivados del mantenimiento.
La carta que han recibido los afectados lleva fecha del 10 de julio. El martes por la noche los vecinos tuvieron una primera reunión en la que acordaron colocar pancartas para alertar de su situación en lugares bien visibles de la carretera de Santiago (N-550) y de la de Vilagarcía (PO-531).
Montse Ribadulla, una de las vecinas de San Amaro, indicó que están estudiando bien el tema para ver qué margen de maniobra tienen. Sí hizo hincapié en que lo que reclaman es la restitución de los pozos que tenían. «Lo que pretende el ministerio es que legalicemos un agua que no es nuestra y un depósito que se construyó en unos terrenos que fueron expropiados en su día», expuso. Montse Ribadulla también aludió a que el depósito que se construyó en el 2009 iba a garantizar el abastecimiento correspondiente a 24 horas de consumo, algo que no sucedió. «No es un servicio de 24 horas, solo tenemos agua tres horas al día. La solución que nos dan no es viable, nosotros queremos nuestros pozos y no se puede amenazar con que en dos meses nos cortan el agua», remachó.
El Concello de Barro apoya las demandas vecinales, pero no se puede hacer cargo de una infraestructura que ni es suya ni puso en servicio.
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