Los tribunales rechazan la reclamación de la firma que realizó los trabajos por supuestos retrasos en la ejecución del contrato
Aunque la sentencia es recurrible ante el Supremo, por lo pronto tanto un juzgado de los Contencioso-Administrativo de Pontevedra, como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia han exonerado a la Diputación de Pontevedra a abonar otros 345.670 euros a la empresa que ejecutó la construcción de la estación depuradora de aguas residuales del polígono de Barro-Meis. La UTE demandante alegó supuestos retrasos en la ejecución del contrato que, finalmente, se le adjudicó.
Las demandantes sostienen que «el hecho de que, en el momento de recepción de las obras por la Administración o en momentos anteriores, el contratista no hubiese manifestado objeciones o reservas no es impedimento para una posterior reclamación indemnizatoria, ni para la estimación de esta». Al mismo tiempo, esgrimieron que un informe pericial «reconoce a la actora una partida o concepto indemnizable», en concreto, por «los gastos de mantenimiento de la garantía en su día constituida».
En su escrito, la UTE refiere que presentaron el proyecto de obra a principios de octubre del 2015, que fue aprobado por la Diputación a finales de enero del año siguiente, mientras que un mes después se realizó el levantamiento del acta de comprobación de replanteo negativa, mientras que no sería hasta mediados de septiembre que no se levantó el levantamiento del acta de comprobación de replanteo positiva (13-9-2016). De igual modo, se alude al «período de ampliación del plazo inicialmente previsto, a fin de poder concluir la ejecución de las obras», del 13 de junio al 13 de septiembre del año 2017.
Todos estos argumentos han sido desechados por los tribunales, que destacan la buena fe de la Diputación de Pontevedra. De hecho, y con respecto a este último período de ampliación de tres meses, se refiere que fue la UTE «la que tomó la iniciativa para la ampliación del plazo», por lo que « no es imputable a la Diputación, toda vez que no hizo referencia alguna al comportamiento de la Administración como causante de la demora o entorpecimiento de la ejecución de contra».
A este respecto, la resolución recoge los testimonios del personal de la Administración Provincial para refrendar la tesis de que cuando se firmó la recepción de la ejecución de la depuradora de Barro-Meis, las empresas no pusieron objeción alguna. Añaden que el 5 de octubre del 2018 se devolvió la garantía definitiva, por lo que «se trataba de ayudar a la UTE que empezaba a mostrar una cierta incapacidad para finalizar en fecha la obra por falta de medios materiales y humanos, ampliando el plazo, sin penalizarla».
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2021/01/28/exoneran-diputacion-pagar-345670-euros-edar-poligono-barro-meis/0003_202101P28C5991.htm
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