El Ministerio de Hacienda ya concluyó sus inspecciones en cinco concellos de la comarca y a lo largo de este año finalizará en los otros nueve -En toda la provincia se han dado de alta al menos 13.000 de estas construcciones
La regularización catastral, un proceso que puso en marcha en 2013 el Ministerio de Hacienda para localizar bienes ocultos al fisco, ya ha logrado destapar en la comarca una media de más de 700 inmuebles por municipio, todas ellas construcciones tanto urbanas como rústicas que no estaban dadas de altas en el Catastro o que presentaban ampliaciones o reformas no declaradas.
En toda la provincia, las inspecciones ministeriales han localizado ya al menos 13.000 inmuebles de este tipo en 16 concellos, tres de ellas en la comarca de Pontevedra. Se trata de Campo Lameiro, Moraña y Ponte Caldelas, todos ellos revisados antes de diciembre de 204 y cuyos resultados ya son públicos. En estos tres territorios se han descubierto un total de 2.153 edificaciones irregulares, sobre todo en el ámbito urbano y divididas en cuatro categorías: nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones, reformas y cambios de uso y piscinas.
En otros dos municipios, Caldas y Marín, los trabajos de campo ya concluyeron hace un año, en abril de 2016 pero el Catastro todavía no ha divulgado los resultados definitivos. Esta campaña, que arrancó en 2013, llega este año a su conclusión en toda la provincia y a lo largo de 2017 estarán terminadas las inspecciones en los nueve municipios que aún faltan en la comarca.
Calendario
Se hace por fases, de modo que Vilaboa ya está en su etapa final puesto que el plazo concluye este mismo mes, el día 30. Por su parte, en Poio y Portas apenas quedan unos meses de trabajo, hasta el 30 de julio. Por último, el 20 de noviembre finalizarán las inspecciones en Pontevedra, Sanxenxo, Barro, Cotobade, Cuntis y A Lama. Todo apunta a que la media actual de 700 inmuebles fraudulentos por municipio se disparará de forma notable con la incorporación de los concellos más habitados de la comarca como Pontevedra, Marín, Sanxenxo y Poio, aún sin completarse su regularización.
De hecho, en toda Galicia, como municipios ya cerrados como Lugo, Ribeira o Ponteareas, la media por territorio se eleva a casi 1.600 casos.
Como posible comparativa con Pontevedra, destaca el ejemplo de Lugo, la única ciudad gallega con el proceso cerrado. En su caso el Catastro localizó 4.513 inmuebles irregulares, 3,800 de ellas en el ámbito urbano y especialmente nuevas construcciones. Un cierta paralelismo con Marín se puede encontrar en Ribeira, municipio donde el número de inmuebles regularizados fue de 3.142, de los que casi 2.800 corresponden a la categoría urbana.
A su vez, en Bueu se destaparon 628, mientras que en los tres municipios de la comarca ya con datos definitivos el balance es muy dispar. Así, Ponte Caldelas es el municipio con mayor número de construcciones localizadas, 1.044, de un total de 51.000 inmuebles de todo tipo, mientras que en Moraña se llega a 913 (sobre un censo completo de 35.000) y apenas son 196 en Campo Lameiro, donde el Catastro tiene contabilizado un padrón de 44.000 inmuebles. De todos ellos, el 86% tiene catalogación urbana, al margen de su ubicación.
Hasta ahora, la provincia con más municipios revisados y con resultados cerrados es Ourense, con 27, por detrás de los 24 de A Coruña y Lugo. La de Pontevedra es la más atrasada. Aún así, ya se regularizaron oficialmente 12.976 inmuebles, lo que supone menos del 10% de los casi 144.000 ya actualizados en toda Galicia.
Esta regularización, al margen de los 60 euros por inmueble que hay que pagar como tasa de inspección, incide directamente en lo que cada contribuyente paga en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Hasta ahora, el aumento directo en los tipos del IBI y la posibilidad de aplicar una actualización expres en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula este impuesto han implicado un aumento de ingresos en los concellos ya revisados, así como con la búsqueda de bienes ocultos o reformados.
Este proceso, conjunto para las categorías rústicas y urbanas, se hace notar con más incidencia en el bolsillo de los vecinos del rural ya que las construcciones ligadas a explotaciones agrarias, ganaderas o forestales pasaron de tener un valor cero a pagar entre el 0,3 y el 0,9% en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
A final de este año, Pontevedra ya tendrá algún resultado, por lo que el gobierno local evita adelantar qué posibles medidas que aplicará si los valores catastrales suben en exceso. La Fegamp asegura que será cada concello el que decida que tasa se aplica (del 0,3% al 0,9%), así como la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% para aquellas explotaciones o industrias agroganaderas que así lo requieran.
La mayor parte de las altas incluidas hasta ahora en Galicia se centran en el rural, si bien en inmuebles con catalogación urbana. Se persiguen sobre todo piscinas, garajes, ampliaciones y otras obras no dadas de alta y detectadas en muchos casos mediante imágenes aéreas. Hasta ahora, el Concello de Pontevedra no se plantea retoque alguno en la ordenanza del IBI, a la espera de que se conozca el resultado de esa "regularización".
Actualización en 2016
El gobierno local ya había solicitado en 2015, una actualización por un importe del 10%, amparándose en un decreto que permite ese aumento en aquellos municipios cuya ponencia tenga más de cinco años de vigencia. La de Pontevedra es de 2001.
Unións Agrarias ya denunció en su día los efectos de lo que definen como "catastrazo" ante el elevado número de galpones y estructuras similares existentes en Galicia. Una vez que el Gobierno finalice el rastreo es el propio concello el que debe determinar la tasa que permite la normativa: desde la más baja del 0,3% del valor de la propiedad a la más alta de un 0,9%. Desde la organización agraria alertan de que la revisión catastral elevaría los ingresos que los concellos logran al año por la contribución rústica.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/04/09/regularizacion-catastro-detecta-700-inmuebles/1658015.html
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