La Audiencia Nacional, que aún estudia un recurso de Adega contra la autovía, rechaza esta medida contra la tramitación del segundo tramo de la autovía | No hay fecha para las obras

Una de las protestas de los vecinos de Bora contra la autovía. / Gustavo Santo
A finales de diciembre pasado se ponía en servicio el primer tramo, y por el momento único, de la autovía A-57 entre Vilaboa y Marcón, que registra apenas 2.400 coches al día. Su continuidad hacia el norte, con los tramos Marcón-Pilarteiros y Pilarteiros-Barro, aún está en el aire ya que el Ministerio de Transportes ha ralentizado el proceso ante la oleada de rechazo vecinal que ha generado este proyecto en las parroquias de Bora y Xeve.
Este colectivo, con el apoyo de la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) ha emprendido una batalla judicial contra el ministerio, con un recurso ante la Audiencia Nacional contra la autorización de ese trazado entre A Ermida y Pilarteiros. La califican de innecesaria, pues duplicaría el servicio de la AP-9 y provocaría «un impacto ambiental en un espacio protegido» como es la zona del Lérez, en Rede Natura 2000.
Ese recurso ha sido admitido a trámite, pero lo que ha desestimado la Audiencia Nacional es la suspensión cautelar de la tramitación ya aprobado al no quedar acreditado que los intereses particulares prevalezcan sobre los públicos.
En un auto fechado el pasado 6 de febrero, se recuerda que Adega recurrió en su día «contra la resolución ministerial de 7 de noviembre de 2023, por la que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el Documento Técnico y Estudio de Impacto Ambiental Autovía A-57, Tramo A Ermida- Pilarteiros», y poco después se solicitaba la suspensión cautelar de esa tramitación.
El auto indica que «las cuestiones que plantea la recurrente para solicitar la medida cautelar tienen una clara incidencia en el fondo de la cuestión que se debate, que requiere los pertinentes trámites de alegaciones y prueba y el examen detenido de la Sala para adoptar la decisión que corresponda en su momento. No es factible anticipar una posición de esta Tribunal sobre el tema debatido». Añade que «el interés público de la actuación impugnada y del proyecto están fuera de toda duda, hasta el punto de revestir especial intensidad».
Por tanto, «en este contexto, partimos de la regla general de ejecutividad de los actos administrativos, cuando no concurren elementos en que apoyar la prevalencia de los intereses privados de la parte recurrente sobre los públicos -de mayor relevancia prima facie- procede rechazar la medida cautelar interesada, pues la Sala no advierte, a partir de los datos con los que por el momento cuenta, la existencia de indicios de una situación que permita considerar que por la ejecución de la resolución administrativa dictada, el procedimiento pueda llegar a perder su finalidad legítima, dicho esto a efectos estrictamente cautelares y sin perjuicio, claro está, de lo que más adelante pueda resultar al adoptar una decisión de fondo».
Este auto aún es recurrible, pero supone un ligero revés para la plataforma vecinal, si bien aún confía en que el fondo de la cuestión sea favorable a sus intereses.
El colectivo pide anular la resolución de aprobación del proyecto ya que «se encontró un defecto en la tramitación porque no se sometió a información pública». Este fallo «de forma» se añade a otros argumentos esgrimidos por la asociación ecologista, que sostiene que desde el nacimiento del proyecto hace 20 años como la Autovía del Atlántico, fue «desturpándose» al hacer una «fragmentación artificiosa del proyecto» y no someter en conjunto las obras a un proceso de evaluación ambiental.
La gratuidad de la AP-9 a Curro como alternativa
El PSOE de Pontevedra ha planteado en las últimas semanas una posible solución que, por el momento, no ha recibido el respaldo expreso del Ministerio de Transportes. Se trata de dar prioridad a los 32 kilómetros entre Vilaboa y Ponteareas, para conectar Pontevedra con la A-52, en lugar de ejecutar los quince kilómetros pendientes entre Marcón y Curro, en Barro, para enlazar con la AP-9.El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, expusieron hace unas semanas a la plataforma de afectados la opción de «buscar alternativas» menos lesivas a este tramo pero, sobre todo «dar prioridad a la salida sur de la A-57», es decir, ejecutar antes los 32 kilómetros hacia Ponteareas, «en lugar de hacerlo en sentido norte».El portavoz socialista local, Iván Puente explicó que el principal objetivo de los dos tramos restantes de la autovía en obras, los tramos A Ermida-Pilarteiros y Pilarteiros-Curro, es conectar los polígonos de Barro y A Reigosa-O Campiño, un «enlace que se podría realizar de forma satisfactoria a través de la AP-9 con las medidas que aplica progresivamente el Gobierno de España para alcanzar su gratuidad».Por eso, apuesta por centrar los esfuerzos en dar continuidad a la A-57 hacia el sur y, de mantener los planes hacia el norte, «que se modifique el trazado» de modo que se eviten los perjuicios que denuncian los afectados. Según Puentes, tanto Blanco como Besteiro se mostraron «receptivos» con la propuesta del PSOE local y «se comprometieron a trasladarla al Ministerio de Transportes en Madrid, con el compromiso de buscar una solución que sea satisfactoria para los vecinos afectados y para la ciudad».
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2025/02/27/desestiman-suspension-cautelar-proyecto-57-114724487.html
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