-Las actuaciones de la APLU se concentran en los municipios de Sanxenxo, Pontevedra, Vilaboa, Marín y Poio -Durante el pasado año la Axencia impulsó 36 demoliciones, con la capital a la cabeza de los 14 municipios
La comarca de Pontevedra ha registrado en los últimos años un notable aumento de la actividad de la Axencia de Protección da Legalidade (APLU), un órgano de la Xunta que persigue las edificaciones ilegales. La intensificación del control y las inspecciones, así como las denuncias de particulares o concellos, ha provocado que en apenas tres años se hayan efectuado ya ochenta demoliciones por parte de este organismo, sin contar otras que asumieron particulares u otras administraciones.
Si en 2013 la APLU apenas tenía registrados cinco derribos en los catorce municipios de la comarca, ya en 2016 se llegaba a 18, cifra que se ha visto duplicada en el pasado ejercicio, cuando se llegó a las 36 de demoliciones. Y ningún municipio de la comarca se ha librado desde entonces de la "piqueta" de la Xunta. En estos tres años son cinco los territorios con más actividad: Sanxenxo (16 derribos), Pontevedra (11), Vilaboa (11), Poio (10) y Marín (10), pero estas medidas han llegado también a Cuntis (4), Barro (3), Caldas (3), Portas (3), Moraña (3), Ponte Caldelas (3), A Lama (1), Campo Lameiro (1) y Cerdedo-Cotobade (1).
La Axencia acaba de hacer público el balance correspondiente a 2018, el ejercicio con más demoliciones hasta ahora en la comarca y en el que Pontevedra aparece por vez primera en los primeros lugares entre todos los municipios de la provincia, con ocho actuaciones, el mismo número que en Vigo y A Guarda y solo superado por Cangas (11) y Redondela (10).
Las actuaciones persiguen todo tipo de edificaciones, desde casas residenciales a galpones y chiringuitos en la playa, hasta caravanas instadas de forma permanente en solares cerca de la costa pero sin autorización alguna. También se actúa contra inmuebles a medio construir y casetas que algunos usan como residencia veraniega.
La APLU divulga en su página web algunos de estos derribos y entre ellos aparece la eliminación de tres edificaciones residenciales en la capital, dos de ellas en marzo y otra en junio. En Sanxenxo se hace referencia a dos, una autocaravana y una vivienda prefabricada, si bien el número total de actuaciones fue de cinco el pasado año. Otras cinco hubo en Poio y cinco más en Vilaboa. En el primer caso, la web hace referencia a una vivienda demolida en noviembre pasado, mientras que en Vilaboa se cita una casa con piscina cuya orden de derribo se remontaba a diciembre de 2014.
Marín recibió el pasado año la visita de la "piqueta" en cuatro ocasiones, entre ellas una edificación de madera que afectaba a una zona fluvial. La relación comarcal de intervenciones el pasado año se completa con Portas (con dos derribos), Barro, Caldas, Cuntis Moraña, Ponte Caldelas, Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade, todos ellos con un caso cada uno. Por esta vez solo se libró A Lama.
Hace unos meses, el propio fiscal jefe, Juan Carlos Aladro ya admitía, en una entrevista en FARO en junio de 2018, este repunte. Dercía que "la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística en estos momentos está denunciando muchísimo más y de hecho estamos presentando querellas de forma constante y es una de las causas del repunte en esta materia".
Añadía que "desde hace un tiempo a esta parte la APLU está remitiendo cada vez con mayor precisión el contenido de sus inspecciones en aquellas infracciones que rebasan las posibilidades del ilícito administrativo y pueden ser consideradas penalmente sancionables". No siempre fue así y en varias memorias de la Fiscalía General del Estado se alertaba de una falta de avances.
La Axencia actúa en todo el territorio gallego, si bien tiene firmados acuerdos de colaboración con numerosos concellos, aunque en la comarca solo forman parte de esos convenios seis municipios: Barro, Caldas, Cuntis, Moraña, Sanxenxo y Vilaboa.
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/03/24/control-edificaciones-ilegales-acentua-comarca/2074580.html
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