Fue detenido con 368.000 euros en su poder, y ahora la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra considera suficiente fianza 25.000 para que salga de prisión. Pablo S.V., el miembro de Vigilancia Aduanera destinado en Vilagarcía que fue detenido, acusado de integrarse en la organización criminal internacional de narcos presuntamente liderada por Juan Carlos Santórum, intentó sin éxito regresar a la oficina en la que "trabajaba" antes de ser detenido por los agentes del Greco Galicia y de la Brigada Central de Estupefacientes. El funcionario presuntamente corrupto entró en la oficina como si tal cosa, pero allí encontró pronta respuesta: fue instado a salir de las instalaciones dependientes de la Agencia Tributaria tras indicársele que estaba suspendido de empleo y sueldo. Y se fue.
Los indicios que apuntan a la implicación de este agente cuyo nivel de vida estaba muy por encima del sueldo de un funcionario son, según el fiscal Antidroga, contundentes. Considera que tuvo una implicación "directa y personal" en el citado Clan Santórum, responsable de recoger los más de 3.800 kilos de cocaína que fueron incautados en el buque Karar en pleno confinamiento. Pablo S.V. fue detenido, según consta en los autos, cuando recibió cientos de miles de euros a cambio de cinco kilos de cocaína, todo ello por encargo del líder de la organización. Además, su responsabilidad se ve agravada al tratarse de un funcionario público, por lo que se expone a penas de cárcel que podrían superar con creces los diez años, si resultase condenado.
Fue cazado en Madrid tras recibir 368.000 euros a cambio de cinco kilos de cocaína
Entre las pruebas que pesan contra él se halla, además del citado intercambio de paquetes de cocaína con el anagrama ONG (el
mismo del que hablan en distintas conversaciones Juan Carlos Santórum y
sus más cercanos colaboradores, la tenencia de sistemas de comunicación
vía satélite con los que se comunicaba con su presunto socio colombiano
(y este, a su vez, con la embarcación que transitaba por el Atlántico
con el alijo). También manejaba, como ya es costumbre entre el crimen
organizado de 2021, terminales Encrochat de fabricación holandesa.
Otros indicios que pesan sobre esta persona son el hallazgo en uno de sus teléfonos de una fotografía con las indicaciones precisas para la conclusión de una operación de narcotransporte (otra distinta a la del Karar), desde otro barco nodriza a lanchas rápidas. En ellas figuran las palabras en clave para ambas embarcaciones y el punto de encuentro, a unas 80 millas de costas pontevedresas. Junto a esas imágenes, el aduanero manejaba otras de un velero que, al parecer, debía transportar 1.200 kilos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.
Y por si todo ello no fuese suficiente, tanto René R. (así se llama el ciudadano colombiano con el que trataba y el que supuestamente le entregó los 368.000 euros) como él disponían de información relativa al control de la llegada de contenedores de banano tropical al Puerto de Marín, que, de ser auténtica, sería una vía más para la introducción en las Rías Baixas de grandes cantidades de sustancias estupefacientes procedentes del otro lado del Atlántico.
Por último, y muy probablemente producto de la misma actividad de narcotráfico (se trata de elementos que no tienen otro uso que no sea ese), en uno de los álbumes de fotos de uno de los incontables terminales telefónicos que le fueron incautados aparecieron coordenadas del mes de octubre de 2018 unidas a referencias de embaracaciones y, una vez más, las palabras clave que identifican a los barcos nodriza y a las lanchas que acuden a altamar en busca de la droga.
Paralelamente, la Agencia Tributaria tiene en marcha un proceso por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico sobre el agente, dado el desfase entre sus cuentas y su tren de vida.
POSIBLES DELITOS Y PENAS. La medida privativa de libertad tiene como objetivo, entre otras cosas, evitar el riesgo de fuga, muy presente en un caso como este en el que las posibles penas a imponer son muy elevadas.
Así, y de forma estimada y a priori, el fiscal entiende que el agente presuntamente corrupto es autor de un delito contra la salud pública de extrema gravedad, en cantidad de notoria importancia y cometido merced a la actuación de una organización criminal, lo que acarrea penas de prisión de hasta 16 años de cárcel.
A ello se añadiría el blanqueo de capitales, la infidelidad de custodia de documentos y revelación de secretos o el cohecho, dado que se le atribuye la filtración de datos sensibles a los criminales.
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/ponen-libertad-agente-aduanas-acusado-narcotrafico-libertad/202106061013461145006.html
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