El gobierno bipartito culpable: Barro rechaza el convenio de prevención y extinción de incendios de la Xunta.

La Xunta destina 11 millones al año a motobombas, rozas y brigadas municipales

Si algo ha cambiado de forma evidente en lo que se refiere a los incendios forestales que cada año arrasan Galicia es que cada vez con más frecuencia las llamas llegan a núcleos habitados, poniendo en peligro las viviendas e incrementando exponencialmente el riesgo de que haya víctimas humanas. De ahí que la Consellería do Medio Rural intente sumar a los concellos a la lucha contra el fuego, porque esta es una competencia municipal cuando está en suelos urbanos o periurbanos.
Para fomentar esta colaboración Xunta-concellos, el Gobierno gallego cuenta con un convenio de prevención y extinción de incendios en tres modalidades: adquisición de camiones motobomba, rozas de maleza para la limpieza de los terrenos que rodean núcleos habitados y contratación de brigadas. Actualmente, 267 municipios y cinco mancomunidades se han adherido a ellos, pero aún hay 37 que los rechazan. La mayoría de estos, además, están situados en la zona cero del fuego en Galicia, las provincias de Ourense (8) y Pontevedra (22). En A Coruña hay seis ayuntamientos sin convenio y en el polo opuesto está Lugo, con solo uno.

En enero de este año, la conselleira de Medio Rural remitió una carta a todos los alcaldes gallegos recordándoles la existencia de los convenios e invitándolos a suscribirlos. Tuvo un efecto limitado. Cuando el 10 de febrero expiró el plazo para firmar el acuerdo de colaboración, solo contestaron 27 concellos. Diez fueron nuevas incorporaciones, y los 17 restantes, municipios que quisieron ampliar o mejorar el acuerdo que ya tenían.

Concellos sin convenios

Estos convenios, dotados con un total de 33 millones de euros, tienen una vigencia de tres años. Empezaron en el 2016 y terminan este ejercicio, aunque la política de la Xunta será continuar con esta línea de ayudas a los concellos para que puedan afrontar los costes que supone hacer frente a sus competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
Las razones para rechazar los convenios son varias. Concellos pequeños como A Illa de Arousa, gobernado por el PSdeG-PSOE, alegan que, por su escaso presupuesto, no tienen fondos para comprar motobombas o financiar brigadas ni en el supuesto de que parte del coste lo financie la Xunta. No es el caso de Pontevedra, cuyo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), tiene argumentos más políticos. «É a Xunta a responsable da política forestal e de prevención, e con estes convenios o único que fai é trasladar esa responsabilidade aos concellos, que teñen unha estrutura limitada para estes labores de prevención», explica.

Santiago tampoco ha firmado los convenios. Su regidor, Martiño Noriega (Compostela Aberta, que forma parte de En Marea), alega que su Gobierno ya gasta 250.000 euros en rozas, y que este año ampliaron esa partida hasta los 395.000 euros. La ayuda de la Xunta le parece «pouco significativa» porque rondaba los 20.000 euros. «Ademais era pouco operativo e tiña a complexidade de que o ingreso real se facía en setembro-outubro, fóra polo tanto dun calendario eficaz para a prevención de incendios», afirma.
Para este año la Xunta se ha fijado el objetivo de que no ardan más de 20.000 hectáreas (el año pasado el objetivo era no sobrepasar las 15.000, pero los incendios de octubre elevaron la cifra de hectáreas quemadas hasta las 61.700). Medio Rural pretende que no se superen los 16 fuegos con peligro para casas y personas.

La asignatura pendiente es hacer cumplir las leyes de montes y fuegos

Galicia cuenta con dos leyes, la de Montes y la de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, para ordenar el monte. El problema es que hacer cumplir estas normativas es a menudo una tarea tan exigente -por la cantidad de terreno a controlar, el minifundismo y la dispersión poblacional- que se producen numerosos incumplimientos. 

Obligaciones

Control fitosanitario y prevención. La Lei de Montes, en su artículo 44, obliga a los propietarios de montes privados a mantener el control fitosanitario en sus fincas y tomar medidas de prevención contra los fuegos, así como a mantener la biodiversidad. También les exige mantener el uso forestal del terreno salvo permiso de la Xunta para otro aprovechamiento. 

Cambios de uso

De forestal a agrario o viceversa. Para transformar suelo forestal en agrario hace falta un permiso de la Xunta y una superficie mínima de entre cinco y quince hectáreas, según las especies presentes. El interesado debe justificar la necesidad del cambio, que está mucho más limitado cuando las parcelas afectadas cuentan con especies frondosas caducifolias. El camino inverso solo lo pueden cubrir suelos «rústicos de uso agrícola en estado de manifiesto abandono y que estuviesen adscritos a un banco de tierras agrarias o instrumento semejante», como recoge la ley en su artículo 61.  

Repoblaciones

Más limitaciones para el eucalipto. La ley (en el artículo 67) prohíbe en general las repoblaciones forestales en suelo urbano, de núcleo rural, en suelo urbanizable delimitado y en el rústico de especial protección agropecuaria. También en todo terreno forestal o agrícola con especies del género acacia por carecer de aprovechamiento comercial. Al eucalipto, que sí la tiene, se le imponen importantes restricciones. Quedan prohibidos si es en terrenos poblados por frondosas caducifolias -carballos y castaños, por ejemplo-, que son las especies que la normativa quiere priorizar en Galicia. En el resto de los casos, necesitan autorización y cumplir requisitos como un mínimo de cinco hectáreas. 

Distancias de seguridad

Discontinuidades y cortafuegos naturales. La ley de prevención de incendios establece una franja de protección de 50 metros en torno a núcleos poblados. A menos de 15 metros de las casas no puede haber plantaciones de árboles ni maleza. Entre los 15 y los 50 metros solo puede haber frondosas caducifolias y separadas siete metros entre sí. Eucaliptos, pinos y acacias tienen que estar más allá de esos 50 metros. Ríos, tendidos eléctricos, carreteras, autopistas, pistas forestales o vías de tren también tienen distancias mínimas. 

Un total de 228 ayuntamientos reciben ayudas para desbrozar y limpiar parcelas

De las tres modalidades de convenios de prevención y extinción de incendios forestales que ofrece la Xunta a los concellos, el de desbroce de fincas es el que más éxito tiene. Un total de 228 ayuntamientos lo han suscrito, por los 200 que firmaron para recibir ayudas para la contratación de brigadas forestales y los 97 que lo hicieron para adquirir vehículos motobombas.
En el polo opuesto de esos 37 concellos que han rechazado los convenios de lucha contra el fuego que promueve la Xunta están los 66 que han aceptado las tres modalidades existentes. Lugo, la provincia menos azotada por los fuegos, es la que más representantes tiene, con 34. Son Alfoz, Baleira, Bóveda, Cervantes, Cervo, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lourenzá, Mondoñedo, Monterroso, Navia de Suarna, As Nogais, Ourol, Outeiro de Rei, A Pastoriza, Pedrafita, Portomarín, Quiroga, Riotorto, Samos, Taboada, Trabada, Triacastela, O Vicedo, Vilalba y Viveiro.
En A Coruña son trece: Boiro, Boqueixón, Carballo, Fene, Mañón, Melide, Noia, Outes, As Pontes, Ribeira, Rois, Santa Comba y Vimianzo. Y en Ourense, doce: Baños de Molgas, Calvos de Randín, Coles, Laza, Maceda, Manzaneda, Melón, Montederramo, Parada de Sil, Porqueira, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.
En Pontevedra solo hay siete concellos con todos los convenios antiincendios firmados. Son Agolada, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Lalín, Poio y Portas.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/04/18/37-concellos-rechazan-convenios-prevencion-extincion-incendios/0003_201804G18P6991.htm