La Comunidade de Montes denuncia a Secil por rescindir de forma unilateral el contrato de explotación suscrito hasta 2023
La Comunidade de Montes de San Vicente de Cerponzóns acudirá a la vía judicial para intentar mantener su principal fuente de ingresos, el arrendamiento de la cantera que gestiona la empresa Secil. La entidad parroquial acusa a la entidad lusa de rescindir de forma unilateral el contrato de explotación que las vinculaba hasta 2023, por el cual debería percibir hasta ese año en torno a 300.000 euros.
Secil, según informó la junta directiva que preside Juan Romero en la última asamblea de comuneros, alega que el contrato que heredó de Holcim –la empresa que explotó la cantera hasta 2017– no tiene validez. En el documento original figuraba un acuerdo para la reducción del canon de arrendamiento anual desde 2012 hasta 2017, con el compromiso de aumentar el pago a lo largo de los años de vigencia del pacto (el acuerdo caduca en 2023).
"En las negociaciones que mantuvimos en su momento con Holcim acordamos una reducción en el importe del arrendamiento por el estallido de la crisis económica", precisa Romero. Añade que, de esta forma, desde 2012 Holcim pasó de pagar un canon anual de 87.000 euros a 33.000, con la promesa de ir actualizando el pago a partir de 2017 y hasta la finalización del período del contrato, 2023.
VERDUCIDO. Parte de la superficie de la cantera que explota Secil se encuentra situada en Verducido. La firma lusa llegó a un acuerdo con la Comunidade de Montes de esta zona del rural por el cual el colectivo parroquial ingresará 2.000 euros mensuales.
La directiva que preside Marcos Rey firmó en febrero la renovación del acuerdo con la entidad lusa que desde 2017 gestiona la producción de áridos. Además, los comuneros están autorizados a auditar anualmente las toneladas de material vendidas. "Cada año baja la cuota fija que paga la empresa, por lo que en el contrato acordamos introducir la variable de la venta de toneladas de áridos", explica Rey.
Los comuneros invertirán la práctica totalidad de la renta que obtengan por la explotación de la cantera a las labores de mantenimiento y repoblación de la superficie forestal de Verducido.
DESLINDE. Las comunidades de montes de Verducido y San Vicente de Cerponzóns no han podido alcanzar un acuerdo amistoso sobre el deslinde entre los terrenos forestales de ambas parroquias, una falta de entendimiento que abocó a ambas entidades a un litigio que se dirimirá en el Juzgado. Los tribunales deberán decidir a qué agrupación pertenecen entre 15 y 20 hectáreas de monte cuya titularidad está en el centro de la discusión. La zona en la que la discrepancia es mayor es la anexa a la parte superior de la cantera, situada en la frontera entre ambas parroquias. Es el principal objeto de discusión del trazado de la línea de separación.
En principio el plazo para alcanzar un acuerdo con los límites entre los terrenos forestales de ambas zonas rurales está en el año 2020 porque es cuando las comunidades de montes tienen que presentar ante la Administración gallega sus planes de ordenación con vistas a la suscripción de convenios y a la planificación de los usos del monte.
Concretar los lindes con Cerponzóns es la única asignatura pendiente a la que se enfrenta Verducido, tras haber alcanzado un acuerdo con los comuneros de Perdecanai (Barro), A Portela (Barro) y Lérez. Tampoco Cerponzóns se ha encontrado con ningún tipo de problema para alcanzar un acuerdo en el deslinde con otras comunidades vecinas.
Los comuneros de Cerponzóns han conseguido en su última reunión ambos objetivos gracias al desarrollo de la asamblea al aire libre (en medio del campo de fútbol de Chan do Monte, que garantizó la separación entre los asistentes) y con la asistencia de 50 de los 120 comuneros que conforman el censo del colectivo parroquial es decir, el 42% (los estatutos por los que se rige esta entidad fija el quorum mínimo en el 25% del censo).
"Con esta crisis sanitaria hay gente mayor que tiene miedo a asistir a las asambleas", señala Juan Romero.
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