El Concello de Moaña solo recibe 1.000 de los 20.000 euros que debería pagar Audasa por IBI

La aprobación de los presupuestos del Concello de Moaña para 2018, que acaba de sacar adelante el gobierno bipartito BNG-PSOE, vuelve a poner de manifiesto la distinta recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de características especiales por el que prevé ingresar 139.230 euros. Hay empresas en la zona de dominio público marítimo-terrestre que por este impuestotributan importes anuales de hasta 40.000 euros y otras como Audasa –concesionaria de la Autopista AP-9– sólo 1.000. Audasa paga tanto como un vecino por un terreno afectado por Costas en Moaña.
Ello se debe a una ley del año 1972 de Construcción, Conservación y Explotación de autopistas en régimen de concesión, que se aprobó en la época de la dictadura, y que sigue haciendo posible que las concesionarias de autopistas de peaje estén exentas de pagar el 95% de este impuesto. La ley tenía una razón de ser entonces, para promocionar la construcción de estas infraestructuras de interés general, pero ya no es el caso, apuntan en Moaña que ya intentó, sin éxito, vía judicial, reclamar el pago íntegro del IBI a la autopista. De no haber esta bonificación, Audasa tendría que abonar al Concello de Moaña la cantidad de 20.000 euros anuales.
Lo único que pudo hacer el Concello hasta ahora fue aplicar el tipo impositivo más alto que permite la ley, asegura el edil de Hacienda de Moaña, Aldán Santamarina, que está establecido desde el año 2010 en en el 1,3%. La horquilla legal permite establecer tipos entre el 0,6 y el 1,3%. En este municipio hay veinte empresas que pagan este impuesto de características especiales, en su mayoría son astilleros e industrias del mar.
Este impuesto de características especiales se aplica a las autopistas, carreteras y túneles de peaje y también, dentro del grupo, están las empresas de producción de energía eléctrica, gas o centrales nucleares; las presas, saltos de agua y embalses, excepto las destinadas exclusivamente al riego y los aeropuertos y puertos comerciales.
Aunque a principios del año pasado, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, había anunciado que se iba a poner fin a esta bonificación a las autopistas, nada se ha sabido, y los concellos afectados siguen a la espera. En el caso de O Morrazo, el más perjudicado por esta situación es el de Vilaboa, que tendría que recaudar unos 2 millones de euros por una autopista que cruza todo su municipio. Moaña solo está afectada en la zona del acceso a la AP-9 en Domaio.
Ambos municipios se habían unido al contenioso administrativo presentado en 2009 por la Diputación para reclamar a Hacienda el pago de la compensación a 12 concellos, que tienen delegada la gestión de sus tributos en el ORAL, por la exención del 95% del IBI a la autopista AP-9. Pero los fallos judiciales confirmaron el fracaso de aquella iniciativa. En abril de 2013, la Diputación ya acumulaba siete sentencias en contra. Moaña reclamaba una compensación de 17.000 euros y Vilaboa, de algo más de 2 millones de euros.Los otros que reclamaban también eran Poio, Meis, O Porriño, Mos, Portas, Pontecesures, Tui, Valga, Barro y Caldas. La Diputación acudió a los tribunales, en época de Rafael Louzán (PP), porque consideraba que el Gobierno debía compensar a estos municipios por la exención del 95% del pago del IBI. Moaña se sumó a la vía judicial cuando gobernaba el anterior bipartito BNG-PSOE.
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