Pontevedra es la provincia gallega con más mujeres asesinadas este año y con más órdenes de alejamiento

Actualmente, casi 900 víctimas de la violencia machista necesitan algún tipo de medida preventiva dictada por un juez. La justicia pontevedresa agiliza los procedimientos

La lacra de la violencia de género ha vuelto a conmocionar estos días a la sociedad pontevedresa al contabilizar, hace hoy justo una semana, una nueva víctima mortal en Barro. Mónica Lorenzo moría tiroteada a manos de su marido que después se suicidaba. Con ella son ya 6 las mujeres asesinadas en Galicia en los que va de año y 4 de ellas eran vecinas de la provincia de Pontevedra. Ninguna había solicitado protección y la única denuncia que consta en el TSXG es la del caso de Lupe Jiménez, asesinada en O Pino, si bien ella se negó a ratificarla.
La violencia machista es una lacra que sufren cada día decenas de mujeres en la provincia. Así lo indican los últimos datos facilitados por el Gobierno en el Congreso de los Diputados a preguntas del Partido Socialista. Según el Registro Central para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, a fecha de abril de este mismo año existían en la provincia de Pontevedra 878 mujeres que tenían activa una orden de alejamiento contra su agresor, así como otras 559 (en algunos casos pueden coincidir ambas medidas) que tenían también en vigor una orden de protección por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Estos datos convierten a Pontevedra en la provincia gallega con más órdenes de protección y alejamiento activas. Las medidas de protección de Pontevedra suponen un 37,4%, frente al 32,8% de A Coruña (con 490 activas), el 18% de Lugo (con 278) y el 11,11 de Ourense (con 166). En cuanto a los dictámenes judiciales que impiden cualquier tipo de contacto entre agresor y víctima, Pontevedra acumula el 35% de las emitidas (878), por las 796 de A Coruña (un 31,8%), las 432 de Ourense (un 17,2%) y 403 de Lugo (un 16%).
La protección a las víctimas mediante el cumplimiento efectivo de estas medidas es una de las cuestiones que más preocupa tanto en medios judiciales como policiales. Tanto es así que la propia Fiscalía reconoce ya desde hace un par de años que, en coordinación con los juzgados especializados, se está buscando una más rápida tramitación de los asuntos de tal forma que las medidas tengan un carácter firme y definitivo. Se busca una imposición y ejecución inmediata de estas penas de prohibición de aproximarse y comunicarse con las víctimas. Medidas que, señalan, en los casos más habituales de lesiones, amenazas y coacciones a las mujeres resultan las más efectivas dado que permiten a la víctima "romper con la situación de violencia instaurada entre los miembros de la pareja". En definitiva, y según la Fiscalía, se consigue que "el hecho agresivo o amenazante recibe una pronta respuesta punitiva".
La consigna es agilizar al máximo estos procedimientos y una forma de hacerlo es tramitar aquellos que lo permitan como juicios rápidos de tal manera que muchos pueden quedar resueltos ya en la propia guardia con sentencia (o auto de sobreseimiento, si procede). Incluso aquellos juicios rápidos que son remitidos al juzgado de lo Penal (habitualmente al no reconocer los hechos el agresor) su enjuiciamiento tampoco se demora en el tiempo de tal forma que en Pontevedra (que cuenta con una sala de lo Penal especializada en violencia de género) y se suelen celebrar dentro de los 15 o 20 días siguientes a la comisión de los hechos. Más dificultad de resolución rápida tienen las causas civiles derivadas de los procedimientos de violencia de género con hijos menores, salvo aquellas de mutuo acuerdo.
Para la Fiscalía, esta celeridad (y sobre todo el sistema de los juicios rápidos) permiten una mayor eficacia de las órdenes de protección y alejamiento. Son firmes y se requiere al condenado en el mismo momento para el cumplimiento de las mismas y se le advierte claramente de las consecuencias del quebrantamiento. En cuanto a la víctima, señalan que "es fundamental para que la mujer que ha dado el paso de denunciar, mantenga la denuncia y declare en contra del agresor." "Desgraciadamente, el transcurso del tiempo, a veces incluso de un día para otro o bien en el breve plazo de diez o veinte días hasta la celebración de un juicio rápido ante el juzgado de lo Penal, da lugar en ocasiones a que la mujer se deje influir por otros factores, como razones familiares, la segunda oportunidad o la petición de perdón..., que influyen a que se niegue a declarar y a ratificar lo inicialmente denunciado", añade el Ministerio Público. Perdiendo así además la principal prueba de cargo contra el acusado, que suele ser la manifestación de la propia víctima.
En cualquier caso, destacan la importancia que tiene presentar denuncia para que el caso oculto pueda salir a la luz y recuerdan la existencia de teléfonos como el 016 que son anónimos y no dejan rastro en la factura.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2014/09/01/pontevedra-provincia-gallega-mujeres-asesinadas/1085095.html