El funcionario que "trabajaba" en el Clan

La vivienda del agente de Aduanas. RAFA FARIÑA 

Víctor Méndez

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La presencia de un agente en activo de Vigilancia Aduanera en el 'equipo' de Juan Carlos Santórum sorprendió a todos tras el alijo del Karar y sus 3,8 toneladas de cocaína. Un año y medio más tarde, la Audiencia Provincial rechaza su último recurso. El funcionario corrupto será juzgado como un narco más

Aunque tras salir de prisión intentó volver a su puesto en Vigilancia Aduanera de Vilagarcía como si nada hubiera pasado, a día de hoy sigue lejos de allí. Su jefe le invitó a irse indicándole que estaba fuera de servicio. Pablo S., funcionario cuya conducta llevaba tiempo llamando la atención de quienes mantenían trato con él, era, según la Policía Nacional, una de las piezas clave en el engranaje narcocriminal presuntamente dirigido por Juan Carlos Santórum. A cambio de dinero, no solo aportaba "documentos e información reservada de la agencia relativa a individuos y embarcaciones investigadas por el Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera en relación con actividades de narcotráfico", según detalla el auto judicial, sino que, tal y como quedó acreditado tras su arresto en Madrid, se integraba hasta todas las consecuencias en el seno del entramado delincuencial, realizando entregas de cocaína y recibiendo pagos por parte de los mismísimos colombianos, los dueños de la droga en origen y también en destino. Así, en la resolución del último recurso presentado por la representación legal del funcionario y de su pareja, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra señala que existen "indicios racionais de criminalidade na contra súa máis que suficientes". En cuanto a los delitos concretos, el tribunal destaca que al agente de Aduanas y su pareja se les atribuye indiciariamente "un delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde, de notoria importancia, extrema gravidade e participación nunha organización criminal, e outro de lavado de cartos", y en el caso del funcionario "os delitos de infidelidade de custodia de documentos e revelación de segredos en concurso cun delito de suborno, outro de encubrimento e outro de integración nunha organización criminal".

Las alegaciones presentadas por Pablo S. no convencieron en absoluto al juez. Argumentó que "só era un sinxelo mariñeiro en tarefas de atraque e desatraque das embarcacións, que nin informaba nin podía informar de nada do que se lle imputa".

Entrando en detalle, y en base al extensísimo informe elaborado por los investigadores del Greco Galicia de la Policía Nacional, el auto explica que el procesado y su pareja "colaboraban de modo especial en la concertación de operaciones de transporte de estupefacientes y también en la distribución lucrativa posterior de la droga a disposición de los investigados".

Señala el tribunal que el agente entregaría información reservada a la organización criminal "a cambio de un beneficio económico". Junto a ello, y en relación con el momento en el que fue detenido en Madrid, explica que en la habitación de la pareja del colombiano al que había ido a visitar "se encontró una bolsa con ocho paquetes rectangulares con la marca ONG" que, tras su análisis, resultaron ser en su mayor parte cocaína. Y al mismo tiempo, en el mismo operativo, "se halló en el interior del Audi Q5 propiedad de Pablo S. una bolsa negra de tela que estaba en los asientos traseros, en la que fueron hallados dos paquetes de color negro que contenían billetes de diferente importe, llevando pegados sendos post-it en los que se leían las cifras 198.000 y 170.000, ascendiendo el total de efectivo a 368.000 euros".

El auto también incide en que Juan Carlos Santórum, responsable del grupo de lancheros que tenía encomendada, según la Policía, la introducción de las 3,8 toneladas de cocaína del mercante Karar a través de las rías gallegas, "pudo disponer de información que le permitió adelantarse tanto al abordaje del buque como a las mismas diligencias de entrada y registro llevadas a cabo en el curso de esta causa, pudiendo incluso huir para evitar su inminente detención el 26 de abril de 2020". Como se recordará, el presunto capo de Vilanova permaneció prófugo hasta septiembre, cuando, tras anunciarlo previamente en páginas de este periódico, acabó por entregarse.

La resolución va un paso más allá, pues señala la relación directa entre el citado colombiano, que disponía de un teléfono satelital para controlar la singladura del buque que transportaba el alijo, con el aduanero de Vilagarcía, "cuanto menos ya desde el 6 de marzo de 2020". El agente contaba con otro de esos teléfonos satélite. Le fue incautado en su domicilio.

En cuanto a la relación de los lancheros con la droga, entre otros indicios, se determina por la presencia de las coordenadas exactas en las que estaba previsto el transbordo de la droga (que no se hizo tras el apresamiento del Karar), que aparecieron tanto en el puente de mando del mercante como en la nave de Sanxenxo en la que se pertrechaban las planeadoras.

Días después de la caída del barco, y con la Policía siguiendo los pasos del agente, sospecharon que pudo acudir al encuentro de Santórum (que estaba en fuga) y consiguieron atraparle a mediados de junio con las manos en la masa, en el episodio relatado con el colombiano en Madrid.

Más indicios en contra de Pablo S. son sus conversaciones interceptadas, en las que hablaba abiertamente de ONG"s en alusión a los paquetes de cocaína que fueron incautados. A todo ello se unió todo lo incautado cuando fue detenido, destacando la gran cantidad de terminales telefónicos, muchos de ellos con la aplicación Encrochat, empleada en su momento para escapar de los ojos y los oídos de las autoridades. Ya en su domicilio, la Policía halló dos de estos teléfonos con tarjetas SIM de Holanda y nueve tarjetas más procedentes del mismo país, correlativas, indicio más que evidente de que buscaba ocultar sus comunicaciones. Además, en el chalé de Vilagarcía, que cuenta con un sistema exterior de videovigilancia, encontraron una decena de teléfonos más de distintas marcas.

Otro elemento de prueba que será utilizado por el fiscal Antidroga, Pablo Varela, en el juicio, a la hora de incriminar al agente, es la abundante documentación que, una vez analizada, resultó ser referente a informes emitidos por la Unidad de Análisis de Riesgos que decide qué contenedores deben ser inspeccionados en el Puerto de Marín, así como números de teléfono de diversos países de mérica y un teléfono satelital. Todo ello difícil de justificar.   

 

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