A sus 41 años y tras media vida acosándola, decidió acabar con su vida de forma brutal. Así actuó José Carlos Eirín, presunto asesino de Jéssica Méndez, con alevosía, y asegurándose de que iba a conseguir su propósito. Esa es la tesis que defiende el fiscal del caso, Alejandro Pazos, que solicita 24 años de cárcel, indemnizaciones aparte, para el acusado de matar a la joven al borde de la N-550, en Barro, a pocos metros de su domicilio, después de embestirla con su vehículo cuando ella estaba parada en el interior del suyo, en la intersección. La versión del accidente esgrimida por la defensa del investigado no prosperó en ningún momento, si bien será el Jurado Popular el que se tenga que pronunciar con su veredicto en la Audiencia Provinicial de Pontevedra.
El escrito de acusación elaborado por la Fiscalía no puede ser más contundente al destacar que Eirín "reconoció a la víctima" cuando estaba parada dentro de su coche en la citada intersección, y, "con el ánimo de acabar con su vida", y a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora, impactó con su vehículo contra el habitáculo del coche que conducía Jéssica, "a sabiendas de que una colisión perpendicular entre dos vehículos de motor a esa velocidad y en la zona del conductor puede causar la muerte de la conductora. El investigado aseguró así la ejecución de su propósito de matar a doña Jéssica sin darle ninguna oportunidad de reacción o de defensa".
El brutal suceso se produjo el 17 de marzo de 2022 sobre las 9.25 de la mañana, añade el relato del fiscal.
El móvil
Si bien el delito no puede ser encajado legalmente como violencia sobre la mujer según el marco vigente, dado que Jéssica ni era pareja ni era expareja del presunto asesino, la acusación pública sí incluye para individualizar la pena la circunstancia agravante de género. Para motivarlo, explica que el supuesto autor del crimen lo cometió tras cerciorarse de que ella no accedería nunca a mantener relación sentimental ni afectiva con él.
"La forma violenta de proceder del investigado se debió a la circunstancia de que durante varios años nunca obtuvo una respuesta de la fallecida a las pretensiones sentimentales o afectivas que albergaba", a lo que añade que "esta postura de invisibilidad o indiferencia para el investigado no era una conducta esperable del género femenino para la mentalidad del investigado, quien actuó así sobre la fallecida por su indignación y el odio que le generó su silencio o su desprecio durante un período de tiempo tan prolongado".
Como consecuencia de los traumatismos sufridos fruto del impacto, la víctima solo pudo sobrevivir unas horas, falleciendo al día siguiente, a sus 29 años.
La calificación
Por los hechos relatados, y aún cuando no puede acreditarse el acoso en sentido estricto, el fiscal entiende que José Carlos Eirín cometió un delito de asesinato con alevosía con la circunstancia agravante de haberlo cometido por razones de género, por lo que pide una condena de 24 años de prisión, muy cerca del máximo para este tipo de delitos, que sería de 25.
Además, solicita la acusación que se dicte una orden de alejamiento en beneficio de la familia de la víctima, en la que se incluyen sus padres y sus hermanos, de un kilómetro de distancia. Sería por un período de diez años que empezaría a computar cuando el acusado, en su caso, abandonase el centro penitenciario en el que se encuentra desde que sucedieron los hechos. Tampoco podrá comunicarse con ellos en este mismo período si resulta condenado.
Por último, en cuanto a la responsabilidad civil generada por el crimen, el fiscal entiende que el investigado debe abonar unos 128.000 euros a la pareja de la fallecida, 100.000 a cada uno de sus progenitores unos 28.500 euros a cada uno de sus hermanos si se da una sentencia condenatoria. Estas son las cifras pueden ser mayores en virtud de las exigencias de las acusaciones particulares.
El juicio se organizará en cuestión de meses
La Audiencia Provincial de Pontevedra ya está trabajando en su agenda para fijar la fecha para el juicio, que, por el procedimento de la Ley del Jurado, servirá para emitir un veredicto en relación con lo sucedido en la mañana del 17 de marzo de 2022 en la N-550, a la altura de Barro.
Será un tribunal popular confeccionado a tal efecto el que se encargue de ello, en un plenario que contará con al menos dos acusaciones particulares, la de la familia de la víctima y la de la Xunta de Galicia, además de la Fiscalía.
Audiencia preliminar
El último paso que resta antes de que la causa llegue a la sala de vistas es la audiencia preliminar, que tendrá lugar en los próximos días y que marcará el inicio de la cuenta atrás para el juicio. La idea es que se celebre en los primeros meses de 2024, si la agenda así lo permite.
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