El 40% de la labor de la Inspección se centrará en este fraude - Vigilarán los firmados por becarios y a tiempo parcial
La economía sumergida y el empleo no declarado o fraudulento florece en época de crisis. Es la premisa de la que parte la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la hora de diseñar su plan de actuación para 2013, en el que la persecución de los contratos irregulares y del trabajo no declarado será su labor prioritaria. De acuerdo con las previsiones que maneja la Inspección en Pontevedra, en el año que ahora empieza se prevén realizar alrededor de 38.000 actuaciones en la provincia, de las que algo más del 40% tendrán como finalidad la fiscalización de las condiciones contractuales y la detección de empleo no declarado.
Para este combate contra el empleo irregular, la Inspección contará con la colaboración de la Consellería de Traballo e Benestar, promotora del plan específico de lucha contra el trabajo en negro con la que se coordinará para evitar duplicidades fiscalizadoras y/o criterios para la detección de este tipo de fraude y su posible sanción.
De cumplirse el plan de trabajo de la Inspección de Pontevedra diseñado para el año que ahora arranca, supondrá un incremento del 20% en el volumen de sus actuaciones respecto al último balance publicado por este departamento laboral, correspondiente al 2011 cuando se realizaron 31.587 actuaciones de control que derivaron en 1.793 infracciones y requerimientos, los cuales a su vez se tradujeron en multas por un valor superior a los 6,2 millones de euros. Fueron un total de 5.708 los trabajadores implicados en las actas de infracción.
Las infracciones más numerosas, 822, fueron las relacionadas con el área de Seguridad Social; en tanto que 123 estuvieron relacionadas con desajustes en las relaciones laborales (de horario, salario, vacaciones), 235 con incumplimientos de la ley de prevención y salud laboral y 84 con problemas
Becarios y tiempo parcial
El plan de lucha contra el empleo irregular que se ha puesto en marcha prestará una especial atención a posibles bolsas de fraude relacionadas con las condiciones y funciones de trabajo de los becarios y a los contratos a tiempo parcial, según apuntan fuentes de las dos administraciones implicadas.
Además se extremará el control para la detección del empleo no declarado, incluyéndose en este apartado la persecución de los falsos autónomos, de los parados que completan la prestación con trabajo sumergido o contrataciones por debajo de los salarios establecidos en los convenios o por debajo del mínimo interprofesional.
Sindicatos como UGT y CC OO alertan de que este combate contra el empleo sumergido se centre exclusivamente en los fraudes "menores" mientras que organizaciones empresariales como Aempe lo apoyan sin reservas, al entender que el empleo sumergido e irregular es "lesivo" para los trabajadores pero también "para los intereses de los que cumplimos la legalidad ya que suponen una competencia desleal" e "insolidario" con los ciudadanos que pagan sus impuestos.
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