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lunes, 5 de septiembre de 2011

Imponen a Ence o a su seguro una fianza de 184.000 euros por un accidente laboral mortal

El escrito refiere que deben ingresarse 147.946 euros «a favor» de la esposa de Manuel Núñez García, «así como la cantidad de 12.328 euros por cada uno de los hijos del fallecido»

La Audiencia de Pontevedra ha confirmado un auto judicial por el que se insta a Ence a que consigne una fianza de más de 184.000 euros en el marco de la instrucción judicial por un accidente laboral mortal ocurrido en noviembre del 2009. El escrito refiere que deben ingresarse 147.946 euros «a favor» de la esposa de Manuel Núñez García, «así como la cantidad de 12.328 euros por cada uno de los hijos del fallecido» -las fuentes consultadas aludieron a que la víctima era padre de tres niños-.

Los magistrados pontevedreses aclaran, no obstante, que la pastera, «como responsable civil subsidiaria a tenor del mandato del instructor, quedará exenta del afianzamiento si lo constituye el responsable civil directo», la empresa aseguradora.

Las cantidades económicas anteriormente reseñadas se fijaron conforme a la indemnización civil que, llegado el día del juicio, «podría corresponder a los perjudicados por el fallecimiento del referido trabajador».
Frente a las tesis esgrimidas por los representantes de Ence de que todavía no se han esclarecido los hechos para determinar la existencia de indicios de criminalidad, la Audiencia es contundente: «Pese a no haberse recibido declaración a los imputados, existen informes en la causa y abundantes diligencias documentadas acerca de la posible forma de producción del atropello del trabajador, que permiten sustentar la posible existencia de infracción penal».

Añade, asimismo, que «consecuentemente permiten también proyectar la obligación de resarcir los daños y perjuicios en la empleadora».

Los hechos
Manuel Núñez, de 55 años y vecino de Barro, falleció el 6 de noviembre del 2009 arrollado por un camión en el recinto de la fábrica de Lourizán. El conductor, de origen portugués, fue sometido a la prueba de alcoholemia, que dio negativo.

En el marco de la causa judicial, los magistrados señalan que se dispone de informes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra y de la Consellería de Traballo e Benestar, así como una resolución del Ministerio de Trabajo, «que coinciden en la existencia de infracciones en materia de seguridad y salud de los trabajadores por parte de la mercantil»

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