La AP-9 tributa apenas 70.000 euros al año por el IBI en la comarca, que reclamó veinte veces más

Tras un largo pleito judicial de los seis municipios afectados, las últimas sentencias avalan la bonificación del 95%

Los seis municipios de la comarca de Pontevedra por los que discurre, a lo largo de unos 40 kilómetros aproximadamente, la Autopista del Atlántico, ingresaron el pasado año apenas 70.000 euros en conjunto con la tributación fiscal de Audasa por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esta cifra es veinte veces menos de la cantidad que históricamente han reclamado todos los municipios por este concepto y que les llevó a emprender una extensa batalla judicial para exigir que se eliminara la bonificación del 95% de la que se beneficia esta empresa o, en su caso, que el Ministerio de Hacienda compensara ese "agujero" económico.
Aunque hubo victorias iniciales en los tribunales por parte del Concello de Pontevedra, que llevaron a la Diputación a emprender esa misma vía para toda la provincia, los fallos posteriores del Tribunal Supremo, avalando esa bonificación del 95% y la negativa ministerial a cubrir la diferencia, ha acabado por frustrar los intentos municipales al respecto, que ya dan por perdido definitivamente los 1,4 millones que calculaban como IBI total de Audasa.
Bienes especiales
El ORAL, organismo de recaudación de la Diputación que colabora con buena parte de los municipios de la provincia, acaba de desvelar los ingresos de los municipios adheridos por los denominados Bienes de Características Especiales (BICE), como son las autopistas, los parques eólicos, los puertos o las minicentrales eléctricas. Según estos datos, Caldas superó en 2013 los 11.360 euros, mientras que Portas llegó a 9.700. A su vez en Barro se ingresaron 9.400 euros, Poio rozó los 1.700 y Vilaboa, que encabeza este listado fiscal, llegó a 23.200 euros. Por su parte, Pontevedra obtuvo el pasado año de Audasa unos ingresos por la autopista de 15.740 euros, cuando sus reclamaciones judiciales en los ejercicios anteriores superaban los 300.000 euros al año. Estos ingresos en la comarca (salvo en Pontevedra, que solo se refieren a la AP-9), incluyen no solo este vial, sino otros BICES posibles, en especial los aerogeneradores y minicentrales. De hecho, en municipios de la comarca con estos elementos pero sin autopista, los ingresos son mucho más altos: Campo Lameiro supera los 22.300 euros al año, una cifra muy similar a la de Ponte Caldelas; Cotobade roza los 27.000; y A Lama alcanza los 62.000 euros anuales, según los datos oficiales del ORAL.
Estas cifras ponen de manifiesto el escaso nivel de ingresos que supone la AP-9 para los concellos pese a la amplia superficie que ocupan, ya que la concesionaria solo abona el 5% de lo que reclamaban los municipios. Este proceso arrancó en 2003, cuando el Concello de Pontevedra reclamó al Estado una compensación por la "pérdida de ingresos" que supuso la exención del 95% del IBI decretada por el Gobierno central a las autopistas. Los recursos administrativos no prosperaron, por lo que se acudió a la vía judicial. En 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al gobierno local, al que reconoció el "derecho a ser resarcido por la Administración del Estado" en la cantidad de 1.211.187,83 euros más sus intereses legales por el periodo 1998-2002. Con esa sentencia en la mano, el gobierno local emprendió nuevas iniciativas, relativas a los años siguientes. Pero una sentencia posterior del Tribunal Supremo, que dejó sin efecto la anterior del TSJM, rompió todas las previsiones.
También la Diputación acudió a los tribunales con el mismo fin, pero el resultado fue el mismo. El ORAL pleiteó en nombre del ayuntamiento de Vilaboa, por la compensación de 2.093.549 euros por las bonificaciones fiscales de Audasa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la línea de las anteriores decisiones, denegó en 2013 esta compensación. Lo mismo sucedió recientemente con una petición de menor cuantía (concretamente 17.000 euros) que en este caso se realizaba en nombre del concello de Moaña. Estos fallos judiciales de principios de 2013 se sumaban a los que ya se produjeron a finales de 2012 en los que se rechazó el pago de estas compensaciones a los municipios- de Poio (que reclamaba una cuantía de 69.863 euros), Meis, (7.948 euros), O Porriño (229.447 euros), Mos (145.400 euros) y Portas (420.000 euros).