En el banquillo por realizar talas clandestinas por toda Pontevedra

 

Entre los encausados, un guardia civil que se sospecha consultaba el Catastro con la clave de su unidad para acceder a datos no públicos

Un delito continuado de hurto, otro de falsedad en documento oficial, pertenencia a grupo criminal e infidelidad en la custodia de documentos son los cargos que llevan aparejados peticiones de penas de prisión y multas a las que se enfrentan cuatro acusados de realizar talas clandestinas de madera por toda Pontevedra. Cangas, Poio, Meis, Ponte Caldelas, Bueu, Sanxenxo, Meaño, Caldas de Reis o Barro son los municipios en los que, según el fiscal, actuaron los acusados, quienes, al menos, desde el 2013 «vienen actuando de forma coordinada para obtener el máximo rendimiento de su actividad a costa del patrimonio ajeno».

Añade que, en muchas ocasiones, «realizan talas de árboles, generalmente eucaliptos, en parcelas cuyos propietarios no les habían vendido previamente la madera o en parcelas cuyos propietarios se encontraban ausentes o residiendo fuera de la zona en la que cortaban o en el extranjero». De igual modo, se aprovechan de que determinadas propiedades «no estaban bien descritas en los registros oficiales o no aparecían en ellas los actuales propietarios».

Los acusados, que se sentarán el próximo jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, para «dar cobertura legal a su actividad» constituyeron tres sociedades. Estas tenían en plantilla a distintos trabajadores, mientras que en los carteles publicitarios figuran indistintamente los teléfonos de cualquiera de los encausados o, incluso, los de todos ellos.

Asimismo, el fiscal refiere que en la documentación contable de las tres sociedades «se asignan partidas de gasto e ingreso de forma indiscriminada, de tal forma que los datos que a una de ellas le faltan aparecen reflejados en la contabilidad de otra y viceversa».

Y a la hora de lograr las autorizaciones de tala, en ocasiones, las solicitan «a nombre de personas que nada tienen que ver con la propiedad del terreno (...) obteniendo un título ficticio con el que amparar las labores» ante los agentes forestales.

Es en este punto donde la Fiscalía sitúa a un agente de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra, quien sería el encargado de facilitarles la información relativa a la situación de las fincas o de sus titulares. El ministerio público sostiene que este agente tuvo acceso a las claves que utiliza su unidad para acceder a la sede electrónica del Catastro y que le permitió llegar a datos que «no son de acceso libre y que solo se facilitan a quien acredite un determinado interés».

Inhabilitación como agente

Tras remarcar que esta persona «nunca tuvo asignada una clave personal de acceso, pero sí tuvo conocimiento de las que utilizaba su unidad», subraya que podía «buscar parcelas que tuvieran algún aprovechamiento maderable, comprobar los linderos o comprobar los datos de los titulares si estos eran conocidos porque, en algunas ocasiones, las parcelas forestales aparecían en el Catastro en situación de ‘en estudio’, lo cual implicaba que no había una determinación clara del actual titular».

El acusado, según el fiscal, que solicita, a mayores, tres años de inhabilitación especial para el empleo de Guardia Civil, habría abusado de las funciones que tenía encomendadas y actuado en perjuicio de los propietarios reales facilitando tal información a los otros acusados. Y estos, «con esta información, en unos casos negociaban con los dueños la compra de la madera, en otros casos obtenían permisos de tala sin contar con la autorización de los dueños reales y, en otros casos efectuaban talas en lugares en los que los dueños no estaban perfectamente identificados».

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2023/01/28/banquillo-realizar-talas-clandestinas-pontevedra/0003_202301P28C2991.htm