La Fegamp apoya a Barro en las expropiaciones del Pazo de Crega y Abraldes pedirá también la ayuda de la Xunta

El Concello de Barro continúa recabando los apoyos políticos para "obtener algún tipo de beneficio" de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la administración local a pagar la expropiación de los terrenos del Pazo da Crega como responsable civil subsidiario de unos 245.000 euros a los que podría sumarse otros 100.000 en conceptos de intereses, luego de que la promotora responsable entrase en el concurso de acreedores sin abonar la parte del justiprecio. En el encuentro entre el alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y regidor de O Barco, Alfredo García, mostraba su preocupación por la situación que llevó a la justicia obligar al Concello a hacerse cargo de la cuantía y a la que achacan a la situación de la actual Ley do Solo. Por ello, la Fegamp anunciaba que llevarán esta situación a una reunión con la Consellería de Urbanismo para tratar de poner tratar de solucionar esta cuestión ante el temor a que puedan repetirse sentencias similares en otros municipios.
"Lo que queremos es evitar tener que pagarlo o, como mínimo, si los vecinos tienen que pagar que tengan algún tipo de beneficio", señalaba Abraldes, recordando que actualmente la titularidad de los terrenos actualmente corresponden al Sareb. El alcalde tiene ante sí dos reuniones. La primera de ellas será con el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda el próximo día 13. "Buena parte de la responsabilidad de esta situación es de la Ley do Solo por lo que es necesario la implicación de la Xunta en la búsqueda de una solución. Pediremos que nos ayuden los servicios jurídicos de la Xunta", señaló Abraldes. Además, solicitará un encuentro con los responsables del Sareb para conocer las posibilidades que tiene el Concello de hacerse con la titularidad del terreno. En cuanto a la vía judicial, el Concello acaba de presentar la nulidad de la sentencia.
En otra orden de temas, el pleno municipal del pasado jueves dejaba el margen de un mes para que los concejales del municipio presenten su declaración de bienes para cumplir con la Ley de Transparencia.

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