Para el común de los ciudadanos, la detención y
encarcelamiento de Sinaí Giménez en el penal de A Lama junto con dos de
sus hermanos así como su padre, se interpretará como el principio del
fin de la impunidad de la que aparentaba disfrutar el clan de Los
Morones. Pero resta por saber si realmente estaremos ante el comienzo de
la necesaria normalización de la actividad de venta ambulante en los
mercadillos de la provincia que han estado sometidos a los vaivenes de
la confrontación entre clanes y la toma policial de muchas de esas
ferias para evitar males mayores.
Semeja que la denominada operación Vida indica el
declive de una organización delictiva, según uno de los siete cargos de
los que les acusa la Fiscalía. Un entramado que venía operando desde
hace muchos años en gran parte de la provincia ejercitando un presunto
control mafioso de los mercadillos ambulantes. Aunque la ciudad de
Pontevedra se convirtiese en una excepción gracias al coraje de una
mujer, Tere Casal, en su etapa como concejala de Promoción Económica,
quien plantó cara al tenderete que había montado en nuestra ciudad como
en otros municipios.
Atemoriza incluso encarcelado
A pesar de llevar unos días entre barrotes, Sinaí
sigue generando un miedo cerval entre los vendedores ambulantes. Sobre
todo entre el colectivo de los zamoranos o castellanos, destinatarios
principales de las iras de los Morones, así como en un sector de los
payos, quienes temen los daños colaterales de la confrontación. Así se
ha comprobado en la manifiesta ausencia de los primeros y de parte de
los segundos, en las últimas ferias celebradas en diversas localidades
de la provincia. Parece que las amenazas proferidas por el propio Sinaí o
sus allegados a las puertas de la sede judicial, («zamoranos
violadores» y otras similares) hubieran surtido un efecto disuasorio de
larga duración. Da la sensación de que los zamoranos aguardan mayores
evidencias de que el autodenominado «príncipe» y demás familia seguirán
confinados en la cárcel por más tiempo. Temen que la nómina de abogados
mediáticos como Marcos García Montes, José Luis Gutiérrez Aranguren o
Víctor Bouzas, cuyas minutas parecen costear sin problemas, sean capaces
de hallar recovecos en las diligencias del Juzgado de Cangas que
permitan excarcelar a los Morones.
Pero la clave de lo que ocurra a partir de ahora
radica en que la Justicia haga su trabajo y que los concellos cumplan
también con su encomienda.
La primera parte dependerá de la labor del Juzgado de
Instrucción número 3 de Cangas, cuyo titular coordinó el operativo
policial desplegado. Deberá esclarecer el alcance de las imputaciones
contra los Morones, así como que resulta del cruce de acusaciones de
estos hacia el clan rival, pues aducen que les vendieron los derechos de
asentamiento en algunas ferias.
De la segunda cuestión, toda la responsabilidad
depende de los ayuntamientos que deberán recuperar las competencias que
por obra o por omisión dejaron en manos de Sinaí Giménez o terceros.
El ejemplo de Pontevedra
Durante estos años, no todos los municipios cedieron
al chantaje. La ciudad de Pontevedra marcó la diferencia con bastante
antelación a los acontecimientos actuales. Y gracias, sobre todo, al
coraje de una mujer, Teresa Casal, quien ostentó en el 2007 la
concejalía de Promoción Económica.
Ella fue quien decidió desactivar el sindicato
montado por Sinaí Giménez y su familia, quienes acogotaban a los que
osaban discutir su control hegemónico de los mercadillos de gran parte
de la provincia, entre los que estaba la llamada feria de Pontevedra.
Cuando la concejala se apercibió de la estructura de
extorsión que tenían los Morones, decidió desmontarla. Tere Casal
sospechó de los dudosos métodos de Sinaí Giménez, quien mediante el
control de diversas cooperativas de las que es presidente, decidía quién
podía o no instalar su tenderete en los mercadillos que controlaba en
diversos municipios de la provincia, entre ellos, la feria de
Pontevedra.
El pulso que libró Tere Casal contra el sindicato de
Sinaí fue muy duro y doloroso. La concejala sufrió serias amenazas y
finalmente tuvo que ver como los Morones ordenaban a los vendedores de
su etnia que abandonasen Pontevedra y se trasladasen al nuevo mercadillo
de Barro que Sinaí negoció con José Antonio Landín Eirín, entonces
alcalde.
Tere Casal soportó aquel chantaje y gracias a ello,
hoy en día, el mercadillo de Pontevedra está más saneado. En cambio, en
Barro, el actual alcalde, Abraldes se ha encontrado un marrón formidable
por los pagos incumplidos del concesionario.
La llamada operación Vida ha venido a desvelar ahora
la certidumbre de las informaciones que apuntaban que los Morones
cobraban un impuesto de 150 euros mensuales y, además, una tasa cada día
a cada ambulante que montase su puesto en los mercadillos que
controlan. Un negocio con recaudaciones de miles de euros que después no
pasaban ni por el filtro de Hacienda ni de la Seguridad Social, como se
deduce de los delitos atribuidos.
Sinaí Giménez siempre ha sabido manejarse ante los
mass media. Se autoproclamó el Obama gallego. Y se esnafró en las
municipales de Vigo. Ahora alguien de su entorno le ha bautizado en su
perfil de Facebook como el Mandela gallego. ¡Manda truco!
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2016/04/17/obama-mandela/0003_201604P17C12991.htm
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