El juez le niega su derecho a una compra preferente y a seguir en el local que tiene alquilado. Además, se le imponen unas altas costas judiciales
Ocurre a veces que cuando un conflicto parece encauzado es cuando muestra su peor cara. Y así está pasando con el caso de un edificio de Barro cuyos inquilinos están en pie de guerra porque el inmueble —embargado a su promotor y arrendatario— fue subastado sin que ellos lo supiesen. Parecía que las cosas iban por buen camino porque, tras recoger su caso los medios de comunicación, la Sareb, que les había ignorado pese a sus intentos de diálogo, al fin accedió a reunirse con ellos. El banco prometió tratar de buscar una solución, ya que ellos no quieren abandonar ni sus casas ni sus negocios. En esas estaban cuando Carla Carballo, una de las afectadas, se ha llevado un varapalo judicial de órdago. La condenan a pagar 14.000 euros de costas judiciales por haber pleiteado contra la Sareb y haber perdido. Ella, rodeada de numerosos vecinos del edificio y de Barro en general que la apoyan, no entiende que deba asumir semejante cifra: «Non somos pobres, pero imos acabar séndoo. É terrible». Además, el caso de Carla es el primero que se falla. Pero puede que otros afectados corran su misma suerte.
Carla Carballo, al enterarse de que al promotor al que ella le pagaba el alquiler de su bajo comercial —tiene una tienda de alimentación animal— le habían embargado el edificio y este había sido subastado sin que ella ni los otros inquilinos se enterasen, decidió recurrir a la Justicia. Consideraba que tenía derecho al llamado retracto, es decir, a que ella y los demás arrendatarios tuviesen opción preferente para comprar los inmuebles, que finalmente y tras la subasta le fueron adjudicados a la Sareb. Así, demandó al llamado banco malo por esta causa.
¿Venta de todo el edificio?
La sentencia, de principios de este mismo mes, es demoledora para sus intereses. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Caldas, Marcos Díaz Peteiro, considera que no tiene derecho a una compra preferente porque no se trata de una venta voluntaria de una propiedad, sino de una ejecución hipotecaria forzosa. Además, señala que su bajo comercial no se vendió por separado. Concretamente, el fallo dice: «Non se trata da execución forzosa dunha vivenda, senón de todo o edificio». . Carla Carballo señala que esta frase clama al cielo: «Só fai falta vir aquí para comprobar que non se puxou por todo o edificio, que había propietarios que tiñan os seus pisos e continúan con eles. Non foi unha venda de todo», dice con tremenda impotencia.
La sentencia, como ya pasó con un fallo anterior, tampoco le reconoce el derecho a continuar como arrendataria en el bajo. Y, encima de todo ello, le obliga a pagar las costas judiciales. Al despacho de su abogado llegó una notificación de la cantidad a abonar: «Son un total de 14.000 euros. Agora entendo que haxa tantos afectados coma nós e que a xente non se atreva a denunciar», indica esta mujer.
A su lado, un coro de vecinos, portavoces políticos de Barro y el representante de la Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) hacen piña con ella. Unos y otros insisten en que Carla no está sola. Y que van a luchar para que tanto ella como las otras familias en la misma situación no se tengan que ir de este edificio. Insisten en que ellos fueron engañados por el promotor y que la única sospecha que tenían de que las cosas no le iban bien es que «cambiaba continuamente de banco e tiñamos que ingresar o aluguer en distintos sitios». No entienden que la Justicia no tenga en cuenta esa situación de desconocimiento en la que vivían y Carla, como primera afectada con una sentencia tan demoledora, va a recurrirla ante la Audiencia de Pontevedra.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2023/02/28/varapalo-14000-euros-inquilina-edificio-barro-subastado/0003_202302P28C5991.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario