Casi 4.500 caballos salvajes con chip

Besteiros calculan que pese al riesgo de multas la mitad de las animales están sin "fichar" -Creen que la normativa conllevó la desaparición de un tercio de la cabaña

Hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha llegado la normativa gallega que regula la identificación de los caballos salvajes gallegos con un microchip y asimila su gestión a la de una explotación equina. Mientras la Asociación Cabalar Monte Acibal de Amil y la Asociación Lobo esperan a ver qué les depara su apuesta por Europa tras agotar los frentes judiciales en el Estado, han pasado más de seis años y a la Xunta le consta que más de 4.400 caballos de monte están cumpliendo la legislación y están "fichados".
En concreto, la Consellería do Medio Rural informa de que en la comunidad existen 287 explotaciones equinas que figuran en sus registros con el sistema productivo "extensivo en libertad", que es el sistema, explican, que la Xunta tiene asignado para las explotaciones de caballos que están en el monte, pero que están debidamente identificados. En total, serían 4.405 animales los que figuran bajo el paraguas de este modelo.
Aunque para Pontevedra al departamento de Medio Rural solo le constan una treintena, es esta provincia, donde se celebran "rapas das bestas" tan multitudinarias y conocidas como la de Sabucedo, donde aparecen más bestas registradas con microchip, casi cuatro de cada diez y 1.633 en números absolutos, pero Lugo le hace sombra con casi la misma cifra (1.623 caballos), aunque distribuidos en muchas más explotaciones (148). En el extremo opuesto, Ourense solo figura con siete predios y 43 equinos asociados y en A Coruña constan 1.106 ejemplares repartidos en 102 explotaciones.
A Javier Álvarez, secretario de la Asociación de Gandeiros de Cabalos do Monte da Groba, la cifra le parece baja. "Quizás en nuestra zona estén todos registrados, porque llevamos esto con mucha rigurosidad, pero en otras no hay ningún control", comenta. En esa línea, alega que el número de garranos, de "bestas" sueltas en el monte, debe oscilar entre las 9.000 y las diez mil, lo que implicaría que en torno a la mitad, según sus cuentas, podrían estar fuera de la normativa, a pesar de que la Xunta contempla, recuerda, multas de hasta 3.000 euros por equino sin identificar.
"Creo que la gente que es responsable y tiene caballos tiene en cuenta la sanción, pero es muy difícil de controlar", comenta, para añadir que "en las zonas donde no hay asociaciones las bestas no están identificadas o no muchas". Frente a lugares con un control "riguroso", recuerda que "Galicia es muy extensa, y hay mucho monte y mucho sin control". Sin contar que hay animales, dice, que "viven en el monte de la misma manera que puede vivir un jabalí o un corzo", sin "besteiro".
Este "besteiro" recuerda que antes de que se iniciase la polémica del microchip, que la Xunta reguló en un decreto por primera vez en 2011, expertos como Felipe Bárcena calculaban que los caballos que vivían en los montes gallegos podían rondar entre los 18.000 y los 19.000. "Ese número fue descendiendo drásticamente porque muchos abandonaron la actividad y se deshizo de las bestas que tenía bajo su gestión. Ahora puede quedar la mitad de esa cifra, entre 9.000 y 10.000", señala Javier Álvarez, quien advierte, como ya habían hecho desde asociaciones como la suya años atrás, que "con estas medidas van a a acabar con el caballo salvaje".
Si resiste, sostiene, es por "tradición y afición de la gente porque no supone ningún beneficio". "El hecho de tener seguro, la cuota de la asociación, el microchip, el desparasitante y otros gastos son mayores de lo que podemos obtener como beneficio", apunta, aunque concede que hay ayudas de la Xunta. Lamenta que no solo está en riesgo una tradición, sino que la especie "tiene una riqueza genética impresionante". "Es una pena que se esté echando a perder por normas no adaptadas a la realidad", señala. Por ello explica que lo que le piden a la Xunta es que regule "específicamente" lo que supone la presencia de caballos salvajes en el monte. Opone el ejemplo de Inglaterra, donde en situación similar, la Administración "protege y subvenciona la actividad" porque es una tradición y una "riqueza", mientras en Galicia, la normativa empuja a la gente a abandonar la actividad.
Conservar el caballo salvaje pasaría, explica, por una regulación específica, respetar su hábitat (el eucalipto no ayuda precisamente a preservar los pastos, advierte) y subvenciones.



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