La Xunta evitará un pronunciamiento oficial sobre la sentencia que tumbó el desarrollo del polígono Barro-Meis. Un informe parlamentario señala que al Gobierno gallego «non lle compete» pronunciarse sobre el dictamen del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El informe recuerda que el polígono está siendo promovido por la Diputación de Pontevedra y apunta además que la Xunta «non ten responsabilidade» sobre el desarrollo de esta actuación de suelo empresarial.
Diputación y Concello de Barro habían decidido presentar un recurso ante el Supremo tras conocerse la sentencia que tumbó el plan de sectorización de Outeda-Curro, primera actuación emprendida por el organismo provincial en Barro-Meis.
Previamente, la Xunta había mostrado su apoyo a la búsqueda de soluciones para salvar el parque empresarial y apoyar a Diputación y Concello de Barro, si bien al igual que ahora había guardado silencio sobre la sentencia.
Barro-Meis está integrado por cuatro grandes bolsas de suelo industrial con cerca de dos millones de metros cuadrados. En concreto, consta de dos bolsas en Meis, de 440.000 e 236.000, y de dos en Barro, una de 700.000 metros cuadrados en Caeiro y otra de 505.000 en el sector de Outeda-Curro.
Esta última bolsa es la más avanzada al contar ya con naves en construcción y es la que vio anulado su plan de sectorización, requisito imprescindible para desarrollar suelo urbanizable no delimitado.
El sector de Outeda-Curro fue financiado exclusivamente con fondos de la Diputación. La institución provincial lleva invertidos ya más de 20 millones de euros: 4,5 de pago de expropiaciones, 13,5 de la adjudicación de la urbanización y del proyecto modificado, y 2 del abastecimiento de agua.
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