La Diputación firma un acuerdo con los vecinos por el que se impide esa actividad
La inseguridad jurídica ha sido un quebradero de cabeza
desde que se acordó crear el gran polígono industrial en Barro-Meis.
Una ubicación central en las Rías Baixas, buenas comunicaciones y
parcelas relativamente baratas no lograban atraer inversiones en la
medida en que se esperaba. Había una razón: la viabilidad futura del
parque empresarial estaba pendiente de decisión judicial. Ayer, el
presidente de la Diputación de Pontevedra, que impulsó el proyecto, se
presentó ante los medios de comunicación con un pacto por el que se
aparcan las acciones judiciales emprendidas contra el macroproyecto.
Los 95 vecinos que habían emprendido una batalla
judicial y las dos comunidades de montes que les habían secundado
renuncian por escrito a continuar con procesos ante los tribunales. ¿Qué
consiguen a cambio? El acuerdo encierra en sus ocho folios de
redacción un párrafo determinante.
Se trata de una mención expresa a que no desembarcarán en el polígono «instalacións
industriais destinadas á fabricación de pasta de papel a partires de
madeira ou doutras materias fibrosas ou á fabricación de papel e cartón».
Un párrafo escrito a medida para vetar un hipotético traslado de Ence
al polígono. Y aun se suma un segundo párrafo para apuntalar el veto.
Expresamente se dice que no desembarcarán «instalacións de producción e tratamento de celulosa».
«A sinatura do acordo otorga
plena seguridade xurídica ao polígono de Barro-Meis, de tal xeito que as
empresas que eran reticentes poden xa instalarse con todas as garantías
legais», aseguraron ayer desde la Diputación de Pontevedra. Rafael
Louzán insistió en poner el acento sobre esta circunstancia, pero el
alcalde de Barro, José Antonio Landín Eirín, prefirió volver a la raíz
del asunto.
La sombra de Ence
El regidor de Barro insistió en que todo nació de la mala fe de quienes utilizaron un traslado de Ence «que nunca estivo enriba da mesa»
para «enredar», dijo el alcalde de Barro. De hecho, los vecinos que
iniciaron la batalla judicial eligieron como su abogado a Vicente García
Legísima, actualmente edil del BNG en la corporación de Pontevedra y
que logró la victoria judicial contra Ence que sentó en el banquillo a
la antigua cúpula empresarial por delito ecológico.
Por una u otra motivación, lo cierto es que, una
vez iniciado el proceso, el horizonte para una solución final se dilata.
El documento firmado ayer permite evitarlo.
«Supón a plena seguridade xurídica porque os
veciños asinantes renuncian a personarse no recurso de casación que o
Concello de Barro interpuxo ante o Supremo». El Ayuntamiento recurrió a
esta vía al considerar que la sentencia del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG) -que daba la razón a los vecinos anulando el
plan de sectorización del polígono- «era contraria a dereito».
Con todo, el propio Concello de Barro modificó
ese plan en un acuerdo plenario posterior e hizo frente así a las
deficiencias detectadas por el TSXG. Ahora, los vecinos renuncian a
exigir que se cumpla esa sentencia favorable a sus intereses. Mediante
el pacto con la Diputación y con el Concello de Barro asumen que las
deficiencias han sido subsanadas.
El paso dado ayer entre vecinos y Diputación
supone firmar la paz en una batalla en la que las empresas que se
querían instalar en el polígono se encontraban en un fuego cruzado.
Tanto el Ayuntamiento de Barro como la Diputación
se comprometen a «executar todas aquelas actuacións que resulten
legalmente posibles» para impedir el establecimiento de empresas que
requiriesen de unas necesidades específicas por su «tamaño», «potentes
efectos contaminantes» o por la eventual perigosidade para a saúde dos
habitantes dos núcleos de poboación máis próximos».
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