Los ambulantes piden una solución de excepción para seguir en la feria de Barro

Guerra sin cuartel. Es lo que parece el reciente conflicto generado por la suspensión de la feria de Barro tras la finalización del contrato con la empresa adjudicataria, Rías Lachá S.L.U.
Aunque el alcalde, José Antonio Landín, anunció que si se presentaban ambulantes se solicitaría el desalojo de los mismos, fuentes de la Plataforma Galega de Vendedores Ambulantes indican que sí asistirán los comerciantes habituales de este colectivo y que podrían hacerlo apoyados por notarios para el caso de que se ordene su desalojo. Así, como la tesis del colectivo de vendedores es la de que la resolución del contrato no se ha comunicado por las vías oportunas y no ha habido oportunidad de presentar una apelación, la presencia en los terrenos municipales de A Crega sería legal, y su desalojo, ilegal. "En ese caso se podría actuar contra los agentes y contra las autoridades que ordenaron la intervención", afirman fuentes de este colectivo.
Sinaí Giménez ha participado en estos días en reuniones con todas las partes implicadas en calidad de presidente del colectivo Pueblo Gitano (hoy se desvinculó totalmente de la empresa Rías Lachá, explicando "es una sociedad unipersonal con la que no tengo que ver, aunque es lógica la confusión, porque sí pertenezco a la cooperativa de vendedores Rías Lachán", explicó).
El representante de la asociación declaró que "es un conflicto difícil de resolver en el que las dos partes tienen algo de razón. Así, el Concello puede decir que echa a los vendedores porque la empresa no pagó, mientras que esta puede afirmar que no pagó porque el Concello no cumplió con lo comprometido por contrato. En medio hay unos cien vendedores, y como cada familia gitana mantiene a otras dos o tres, es decir, que el padre se hace cargo de los hijos aún casados, podemos afirmar que unas 300 familias dependen de estos trabajos", explica.
Giménez sostiene que "se trata de familias en situación delicada, en riesgo de exclusión para las que es perfectamente comprensible que se pida una vía de excepción, porque no se las puede dejar sin fuente de ingresos así como así. Por este motivo, después de hablar con el Concello y con la empresa hemos puesto el asunto en conocimiento de las consellerías de Industria e Comercio y de la de Traballo para que medien en el conflicto".
El representante del colectivo afirma que en la próxima semana habrá una reunión en la sede de la Xunta para tratar el asunto. "Mientras llega esa medida de excepción no pueden dejar de trabajar, por lo que, al parecer, habrá feria", afirma. Él mismo tiene previsto asistir.
El portavoz indica que la empresa alega incumplimientos como no iluminar suficientemente la vía, no dotar el espacio con baños públicos y no permitir la celebración de dos ferias por semana (el contrato inicial hablaba de otro mercadillo los viernes) para no pagar los años que se deben (cinco, a razón de 12.000 euros por año).
Dice además que el colectivo de vendedores de la plataforma considera que el movimiento económico que se genera en el comercio sedentario dela zona también es beneficio. "Muchos otros concellos están atentos a esta situación y nos ofrecen irnos sin contraprestación. La feria da beneficio a la gasolinera, a las cafeterías... a todos. Cuando nosotros llegamos los pisos estaban aún en ladrillo y Barro no era muy conocido", recuerda.
A pesar de esta determinación de la parte vendedora, en el Concello no mostraron preocupación absoluta por la perseverancia de los ambulantes. "É unha vía esgotada, o contrato expirou e por moito que se empeñen a feira non poderá continuar legalmente alí", afirman fuentes municipales.

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