Inquilinos de diez pisos y un bajo comercial en Barro, a punto de ser desahuciados por el Sareb

 Indignación vecinal al saberse que el banco malo quiere vaciar parte de un edificio que compró sin informar antes a los residentes

photo_camera Los vecinos de Barro afectados se concentraron este jueves para denunciar su caso. DAVID FREIRE

Diez pisos y un bajo comercial en la calle Bouza de Rei en el núcleo urbano de San Antoniño, en Barro. Es el saldo de la subasta que en el año 2019 se realizó para solventar la situación de insolvencia de un promotor que debía hacer frente a una deuda de más de un millón de euros. El hombre, heredero de la constructora que realizó el edificio, contaba aún con diez viviendas y un bajo comercial en el mismo y todo ello fue subastado y comprado por la Sareb, también conocida como banco malo, por una cantidad que, según los ocupantes, "non supera a metade daquela débeda".

Todo ello sucedió en 2019, pero hasta el año 2021 las personas que ocupaban esos pisos y locales no se enteraron de que sus casas habían cambiado de dueño. Fue entonces cuando un Juzgado se dirigió a ellos para pedirles que abandonasen las viviendas. Pero ¿qué había pasado? ¿Por qué los pisos habían cambiado de dueño sin que nadie se enterase y, sobre todo, si todos mantuvieron los pagos, por qué finiquitaban sus alquileres?

Como toda respuesta, los afectados, se encontraron con un cúmulo de irregularidades difícil de resolver. En primer lugar, la subasta se realizó, según explica una de las afectadas, Carla Carballo, sin que se diese la pertinente información a las personas que ocupaban las viviendas y bajos. Así, según indican, ningún secretario o secretaria judicial se personó en el edificio con carácter previo al embargo y no pudo comprobar con sus ojos, cómo todas las viviendas estaban ocupadas y con contratos de alquiler.

Fachada del edificio, ubicado en el centro urbano de Barro. DP

Otra de las irregularidades fue, según indica la misma fuente, que esos contratos no estaban registrados en Vivenda. A consecuencia de ello, el primer intento judicial de los vecinos de anular la subasta quedó en tablas. "Dixéronnos que os contratos non tiñan validez por ese trámite, de xeito que aínda que eles se saltaran o procedemento de informarnos, o desafiuzamento seguía adiante", indica Carla, quien está totalmente en desacuerdo con ese fallo del Juzgado de Caldas "porque nós non tiñamos coñecemento de que os contratos estaban mal, e, sendo informados, terían a obriga de darnos preferencia na opción de compra por diante da Sareb, cousa que nós teriamos feito", aclara.

Los vecinos vieron como la Sareb se llevaba por precios que consideran irrisorios las que han sido sus casas en algunos casos en la última década. En el caso de Carla, estaba pagando "un alugueiro ben alto por un baixo de mil metros que tiña un valor catastral de 300.000 euros, pero atopei que foi vendido por 90.000 euros sen avisarme primeiro a min". Además, la sociedad de activos se negó a mantenerles a ellos en las condiciones de alquiler que habían tenido en los años anteriores. El litigio judicial se prolonga desde 2021 y, de momento, todas las sentencias de primera instancia dan la razón a la entidad bancaria, "pero, con todo, non poden máis que mandar cartas de desafiuzamento, porque o Rexistro de Caldas de Reis se negou a inscribir as propiedades no seu favor, posto que non lles indicaron que estaban ocupadas".

Los residentes del edificio, hartos de la presión, han decidido denunciar su caso en público, y, de no obtener respuesta de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria, pedirán a la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, que medie para solucionar su situación. Lo más desesperante, señalan, es que una empresa participada con fondos públicos no les conceda ningún trámite de audiencia con el que poder negociar. "Os avogados da Sareb o único que nos din é que nos temos que ir, non queren quedar nin abrirse a negociar", relatan.

 

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