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lunes, 8 de mayo de 2017

Juzgan a un empresario y a un perito acusados de estafar a la Xunta en las expropiaciones para el nudo de Curro

El fiscal sostiene que los bienes afectados se valoraron en 916.000 más de lo normal y pide cinco años de cárcel para cada uno y multas


La Audiencia Provincial celebrará la próxima semana un juicio por una presunta estafa de la que fue víctima la Xunta en las expropiaciones de terrenos que entre 2008 y 2010 llevó a cabo para ejecutar el macronudo de Curro, entre Barro y Meis. Según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el fiscal acusa a un empresario del sector de áridos, titular de los bienes expropiados, y a un perito designado por la propia administración, de estafa y falsedad documental por, supuestamente "inflar" de forma artificial las valoraciones, de modo que la Xunta acabó abonando 1.262.000 euros por unos bienes que, según la Fiscalía, valían entre 286.000 y 345.000 euros aproximadamente.

La acusación pública se inclina por la primera valoración y reclama que los acusados indemnicen a la Xunta en 916.514 euros, cantidad que presuntamente habría cobrado de más el empresario. Además, tanto para este último como para el perito, se solicitan cinco años de prisión para cada uno de ellos, así como multa de veinte meses -a razón de diez euros de cuota diaria- y en el caso del funcionario público, que sea inhabilitado como perito tasador durante cinco años.

Sobre el empresario también pesa una acusación de delito contra la Hacienda Pública ya que, según la Fiscalía, no declaró en su día los ingresos obtenidos por esta expropiación, si bien sí lo hizo cuatro años después, cuando fue citado a declarar como investigado. En este caso se solicitan para el titular una condena de 10 meses de prisión y 300.000 euros de multa, que se eleva a 400.000 para la empresa.

Según el fiscal, esta firma disponía de unos terrenos en San Lorenzo de Nogueira (Meis) arrendados a la comunidad de montes en los que contaba con oficinas, almacenes, una planta de lavado de áridos y otras instalaciones, por las que en julio de 2009 recibió, en concepto de expropiación, 600.000 euros. Pero después, añade la acusación pública, alegó que su empresa tendría que cerrar y la Xunta abonó 662.000 euros más. El fiscal cree que el perito incluyó en la valoración "valores excluyentes entre sí".


http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/05/06/juzgan-empresario-perito-acusados-estafar/1674033.html

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