Un empresario y un perito niegan haber inflado las expropiaciones para el nudo de Curro

La Xunta acabó abonando 1.262.000 euros por unos bienes que, según la Fiscalía, valían entre 286.000 y 345.000 euros aproximadamente

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio por una presunta estafa de la que fue víctima la Xunta en las expropiaciones de terrenos para la construcción del macronudo de Curro, entre los municipios de Barro y Meis.

En el banquillo de los acusados se sentaron Juan Luis Abal Piñeiro, el propietario de la empresa Áridos de Curro (Aricur), titular de los bienes expropiados, y Juan Manuel Melón Somoza, perito de la empresa Topo2000 contratada por la Xunta para valorar los terrenos a expropiar por la propia administración.

Según el fiscal, Jesús Calles, ambos acusados "inflaron" de forma artificial las valoraciones, de modo que la Xunta acabó abonando 1.262.000 euros por unos bienes que, según la Fiscalía, valían entre 286.000 y 345.000 euros aproximadamente.

La acusación pública sostiene que los bienes afectados se valoraron seis veces por encima de su valor real, por lo que al término de la vista oral mantuvo su petición inicial de cinco años de cárcel para cada uno de los acusados, así como multa de 20 meses –a razón de diez euros de cuota diaria–, y en el caso del perito, que sea inhabilitado para esta función de tasador durante cinco años. El abogado del Estado y el de la Xunta se adhirieron a esta petición.

Por su parte el empresario rechazó la acusación y negó que hubiese tenido contacto con algún político "para nada, eso es una barbaridad". Sin embargo, en el juicio se recordó que el acusado es familiar del expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial Rafael Louzán Abal.

Juan Luis Abal también mostró su ignorancia sobre cuestiones contables y pago de impuestos. "De leyes y eso yo no entiendo, yo sólo sé de canteras", ha asegurado.

Además, Abal ha defendido que "el problema" se debe a una cuestión personal con un perito al que contrató un trabajo y más tarde despidió.

El aludido es Marcos Lojo Abal que compareció como testigo y explicó ante el tribunal que fue él quien presentó la denuncia por estos hechos ante la fiscalía. Según relató, en su condición de perito fue contratado por el dueño de Aricur para tasar el valor de su empresa, un trabajo por el que acordaron pagar el 5% del valor final de la expropiación.

En un principio el empresario estimaba que por su explotación de áridos le pagarían unos 100.000 euros, pero en marzo del 2009 se produjo un cambio político en la Xunta de Galicia y le dijeron que el dinero se lo iban a dar "por su relación familiar" de modo que le dijo que ya no contaba con él, que le iban a pagar 1,2 millones y que: "No vas a chupar dinero de nosotros".

"En las aldeas todos nos conocemos, y él es primo de Louzán", de ahí que denunciase, dijo Marcos Lojo, aunque la investigación no pudo llegar a demostrar un supuesto delito de tráfico de influencias.

Sobre la pericia encargada por la Xunta, Marcos Lojo indicó que él también iba a tasar la expropiación en más de un millón de euros. El otro acusado, Juan Melón Somoza, también negó haber sufrido presión política alguna "para que tratara con cariño esta valoración", tal y como le preguntó el fiscal. Este perito defendió que son correctos todos sus cálculos que figuran en el informe de expropiación que elaboró para la Xunta de Galicia.

Durante la vista de este martes comparecieron ante las magistradas de la sección segunda numerosos peritos convocados por las partes para tratar de dilucidar los criterios con los que se elaboró esta compleja valoración, coincidiendo todos ellos en que también en la jurisprudencia existe controversia sobre cuestiones como el cálculo del lucro cesante.

El juicio tuvo que continuar durante la tarde debido a la extensión de los testimonios de las partes se ocuparon en argumentar sobre el diferencial de rentas, la duplicidad de algunos conceptos indemnizados y la compatibilidad del cese y traslado de la actividad de la empresa. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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