La medida acarrea un incremento generalizado de los ingresos por el IBI
Hace dos años que se viene alertando desde la Diputación de Pontevedra de la situación crítica de la salud financiera de algunos municipios de la provincia. Con la perspectiva que da controlar la gestión de los tributos del grueso de los 62 municipios de la provincia, prácticamente todos, a excepción de las ciudades, el análisis de las cuentas de los concellos es material de primera mano para la Diputación. Y falta dinero.
Ahora, el presidente de la institución, Rafael Louzán, espoleado por el Gobierno de Mariano Rajoy, parece dispuesto a pasar de las palabras a los hechos. A la petición cursada a los alcaldes del PP para que incrementen de forma generalizada el recibo de la basura, se suma ahora una creciente presión desde la Diputación para que los ayuntamientos actualicen su catastro, el registro por el que se fija el valor de las propiedades inmobiliarias y sobre el que se calcula después la aplicación del impuesto correspondiente.
El incremento del 10 % del impuesto de bienes inmuebles (IBI) acordado por el Gobierno supondrá para toda la provincia un incremento de recaudación hacia las arcas locales de 5,1 millones de euros, una cifra que si se incluye a Pontevedra y Vigo se incrementa hasta los 13 millones. Pero podría ser mayor. «Hai concellos nos que non se actualizan os valores catastrais desde hai máis de 25 anos», volvió ayer a insistir Louzán antes del pleno provincial. Cangas, Cuntis, Agolada o Barro se encuentran en este grupo. Pero el número de municipios que mantienen el catastro sin revisar en los últimos diez años es mucho mayor. Ya con el incremento actual, quince municipios de pequeño y mediano tamaño verán cómo sus ingresos suben entre cien mil y medio millón de euros al año.
«A suba do IBI acordada polo Goberno central é unha medida que non só vai servir para axudar a sanear as contas dos concellos senón que vai ter un efecto aínda máis positivo, acadar unha maior equidade entre os distintos concellos», sostiene el presidente de la Diputación provincial, que preside además el PP en Pontevedra.
¿Qué supondría actualizar el catastro como viene demandando? No acarrearía un incremento en el porcentaje, como el impuesto desde Madrid, sino hacer una estimación al alza del valor con el que están inscritas las viviendas. Se seguiría aplicando el mismo porcentaje, pero al subir el valor registrado de las propiedades sobre el que se aplica, sí se incrementaría la recaudación municipal.
En la estrategia que se dibuja desde el Partido Popular hay una segunda fase. Se trata de la homogeneización de los tributos entre distintos concellos. Como presidente provincial del PP, Louzán está extendiendo entre sus alcaldes la idea de que carece de sentido que dos municipios limítrofes y de similares características urbanas giren recibos anuales con diferencias del treinta o el cuarenta por ciento. Y cita ejemplos concretos, como Cangas y Moaña, con 85,71 euros y 122,89 euros respectivamente por el IBI.
¿Por qué esta presión creciente? Por la necesidad de ajustar el déficit en todas las Administraciones impuesta desde el Gobierno central. Aunque ayuntamientos y diputaciones apenas suman el seis por ciento de la deuda en España, sus ingresos han caído drásticamente en los últimos meses debido en gran medida al parón de la construcción.
En este escenario, la Diputación de Pontevedra insufla liquidez mes a mes a los municipios mediante una operación de crédito de treinta millones que ha suscrito con una entidad bancaria. El dinero se utiliza para adelantar a los municipios los ingresos previstos por la recaudación de sus tribunos municipales. Pero las cuentas cuadran cada vez menos. Y la presión se traslada a los alcaldes con una consigna clara: hay que recaudar más.
«É un importante esforzo dos cidadáns para beneficio da administración máis próxima» Rafael Louzán
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