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lunes, 9 de enero de 2012

Los ayuntamientos gallegos recaudarán 100 millones más en dos años con la subida del IBI . 125.453 € recaudó Barro en 2010.

El 70% de los municipios tendrán que aplicar la subida máxima, el 10%

Cien millones de euros más recaudarán este año y el próximo los ayuntamientos gallegos con la subida del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que acaba de decidir el nuevo Gobierno de España. El cálculo, una primera aproximación, ha sido realizado por la Federación Galega de Municipos e Provincias (Fegamp). En 2010, los alcaldes a cuentas de este tributo recaudaron 371 millones de euros, de los cuales 120,3 millones se cobraron en las ciudades y villas de la provincia de Pontevedra. En Vigo, se ingresaron 53 millones y en la urbe del Lérez 13,1 millones de euros.

El Ejecutivo de Rajoy en su primer Consejo de Ministros acordó con el objetivo de que los municipios "no pongan en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria" un ingreso extra no previsto en las arcas locales: un incremento "transitorio y excepcional durante los ejercicios de 2012 y 2013" del IBI, también conocido como contribución. El alza será progresiva, del 10%, 6 y 4%, en función de la antigüedad de la revisión catastral (antes de 2002, entre 2002 y 2004, y entre 2008 y 2011, respectivamente), y se excluyen al 50% de las viviendas de menor valor de cada municipio, siempre que sus valores catastrales hayan sido actualizados después de 2001.

Así la subida será del 10% para los consistorios que no hayan adecuado los precios del catastro al valor real del mercado desde 2001, "no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5% en 2012 y al 0,6% en 2013". Este incremento afectará en Galicia, según la Fegamp, y en base a los datos de la Dirección General del Catastro, al 70% de los ayuntamientos gallegos, pues son 218 los que hicieron su última valoración catastral antes de 2002. En todos estos consistorios, la subida será del 10% del impuesto y "afectará a la totalidad de los inmuebles de uso residencial", señala la Federación Gallega.

La Fegamp además advierte de que habrá "unos cien ayuntamientos" en los que "la subida podría suponer en los recibos un incremento del 50% en dos años". ¿Por qué? Porque están aplicado el tipo mínimo fijado por la ley, y ahora se les obliga desde Madrid a que el tipo no sea inferior a 0,5 en 2012 y 0,6 en 2013 si la revisión catastral se hizo con anterioridad a 2002, y si la última actualización se hizo entre 2002 y 2004, el tipo de gravamen mínimo y supletorio no puede ser menor al 0,5.

Los vecinos de 46 ayuntamientos gallegos, un 14% del total, tendrán más suerte, pues al haber sido acometida la última revisión catastral entre 2005 y 2007, no les afecta la subida decretada por Moncloa, adelanta la Federación Galega de Municipois.

El Gobierno de Rajoy defendió la subida de este impuesto para inyectar un ingreso extra a los alcaldes, apurados por la crisis económica y por la obligación de hacer frente a la devolución a las arcas estatales de las transferencias de ingresos mal calculadas de los años 2008 y 2009. El IBI es el tributo municipal más importante con que cuentan las regidores. De hecho solo hay cinco impuestos que se consideran municipales. El IBI, el de Actividades Económicas y el de Vehículos de Tracción Mecánica y otros dos que cada consistorio decide o no aplicar: el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el de Construcciones, Instalaciones y Obras.

La Fegamp entiende que la decisión "limita más ya la escasa autonomía que tienen los ayuntamientos en la gestión de sus tributos".

El Ejecutivo central argumentó la necesidad de garantizar una inyección extraordinaria a la administración local, al tiempo que negó que la subida fuese a ser excesivamente gravosa para los ciudadanos. Así puso ejemplos. Una vivienda con un valor de mercado de 150.000 euros, cuyo valor catastral haya sido revisado antes de 2002, pagaba 150 euros de media y ahora pasará a pagar 165 euros. Si el valor catastral hubiera sido revisado después de 2002, seguirá pagando 150 euros.

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