Barro-Meis lidera la oferta de suelo industrial en la comarca, con un 65% de sus parcelas en venta

La solución urbanística pactada entre la Consellería de Medio Ambiente y el Concello de Barro para solventar la contundente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el plan urbanístico de parte del polígono de Barro-Meis tiene el objetivo no solo de dar plena legalidad al parque más grande de la comarca, sino también conseguir su despegue definitivo, hasta ahora lastrado por la crisis y su inseguridad jurídica. El Concello de Barro, con el visto bueno oficial, de la Xunta, acaba de aprobar un nuevo plan urbanístico para el sector Outeda-Curro que corrige las deficiencias denunciadas en la sentencia del TSXG.

Sin embargo, esta solución, que podría relanzar el desarrollo del recinto, llega en el peor momento, a las puertas de una nueva recesión económica en el país. De hecho, la oferta de suelo industrial en la comarca (con una decena de polígonos operativos) es actualmente mucho más elevada que la demanda, muy mermada por la crisis.

Esta oferta está encabezada por Barro-Meis. Con una capacidad total de dos millones de metros cuadrados, en la actualidad están urbanizadas 76 parcelas, de las que 26 ya están vendidas a empresas de sectores como el hortifrutícola, de gasóleo, granito y de suministro de materiales de bricolaje. Suman unos 85.000 metros cuadrados, pero en la actualidad apenas son cinco las empresas instaladas o en ejecución. El 65% de sus parcelas (alrededor de medio centenar) aún están en venta, al precio de 147,50 euros el metro cuadrado, una pretensión que la Diputación, promotora del recinto, basa en las buenas conexiones viarias, tanto con O Salnés a través de la autovía, como con la AP-9. Dos de sus bolsas de suelo, de 440.000 y 236.000 metros cuadrados, se ubican en Meis, mientras que Barro, donde se concentran los problemas judiciales, aporta otras dos bolsas, de 700.000 y 505.000 metros.

Además, están en marcha la ejecución de las principales infraestructuras necesarias para resolver las deficiencias que llevaron ala anulación judicial del plan urbanístico. Ya se ha licitado, por 840.000 euros, la canalización de la linea eléctrica hasta la subestación del polígono, la ejecución, por 1,2 millones más, la estación depuradora de aguas residuales, y la conexión de agua. La Diputación ya suma más de 20 millones de euros invertidos en unos terrenos prácticamente vacíos.

Algo parecido ocurre con el polígono de Nantes, en Sanxenxo, apenas ocupado años después de su ocupación y aún pendiente de recepción municipal. Aunque dispone de un enlace directo con la autovía de O Salnés y la Xunta proyecta otra conexión desde Vilalonga, su desarrollo es muy escaso.

Curiosamente, otros parques de la comarca que disponen de accesos mucho más deficientes, conectados mediante carreteras comarcales y de capacidad media, presentan unos datos mucho más halagüeños. Al margen del pontevedrés recinto de O Campiño, vendido en su totalidad desde hace años, el polígono privado de O Vao, en Campañó, también trabaja con éxito y de hecho se trabaja en su ampliación para crear un parque comercial al otro lado de la carretera de Vilagarcía.

Espacios empresariales en Caldas, Moraña, Cuntis y Campo Lameiro también registran una ocupación aceptable, especialmente este último, que ronda el 80%.

Por su parte, el parque empresarial de A Reigosa, en Ponte Caldelas, tiene 24 de sus 47 parcelas vendidas, si bien en su mayor parte todavía no se han instalado las empresas compradoras. Aún así, ya se trabaja en una ampliación de 100.000 metros cuadrados más para albergar a una única empresa.

Otra imagen, mucho más negativa incluso, presenta la Central de Transportes de Ponte Caldelas, colindante con O Campiño y A Reigosa. Su medio centenar de parcelas, urbanizadas en 2005 para albergar a empresas del sector, permanecen aún en venta seis años después de finalizar la obra y tras un año en oferta. La crisis se ha cebado de forma especial con este recinto.