Xunta y Concello "legalizan" el polígono de Barro nueve meses después de ser anulado por el TSXG

Un cambio del plan urbanístico de las parcelas para subsanar las deficiencias de saneamiento y agua que esgrimió el alto tribunal pretende resolver la inseguridad jurídica que pesa sobre una veintena de proyectos empresariales

Nueve meses después de la demoledora sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulaba por completo la tramitación urbanística del polígono industrial de Barro-Meis, el Concello de Barro y la Xunta creen haber encontrado la solución para resolver la inseguridad jurídica que pesa desde entonces sobre una veintena de proyectos empresariales en ese recinto. En el tiempo récord de poco más de un mes, la corporación que preside el popular José Antonio Landín Eirín remitió, (el 11 de noviembre) a la Xunta una propuesta de modificación del plan urbanístico de parte de esos terrenos, que fue inmediatamente informado favorablemente por la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio (el 24 de ese mismo mes), y aprobado definitivamente por la corporación municipal el pasado 15 de diciembre. El trámite se refiere al sector Outeda-Curro, que fue donde se centró el pleito judicial.

PP y PSOE votaron a favor y el BNG se abstuvo en un documento cuya forma jurídica en una adenda al Plan Sectorial anulado por el TSXG y que aclara que las deficiencias en las que se basó aquella anulación ya están subsanadas. La sentencia, conocida en abril pasado, argumentaba su decisión sobre la base de dos carencias que, en su opinión, con la ley en la mano hacen inviable un polígono industrial como el que promueve la Diputación de Pontevedra, a través del Ipespo, a caballo de los municipios de Barro y Meis: "la falta de una red de saneamiento en el ámbito del polígono" y "un sistema de abastecimiento de agua al conjunto del término municipal (incluido el polígono) insuficiente". En el documento recién aprobado se aclara que ya existen proyectos de abastecimiento y depuración en marcha, así como para el suministro eléctrico.

El alcalde de Barro, José Antonio Landín Eirín, aseguró ayer que no esta modificación "la sentencia estaría solucionada", si bien se muestra cauto al respecto ya que algún posible recurso o alegación podría dar al traste con el proceso. Landín asegura que esta vía jurídica dispone del visto bueno oficial de la Xunta. De hecho, su informe, elaborado en apenas una semana, señala que "se pudo comprobar que la adenda da cumplimento a los condicionamientos formulados en el informe emitido en julio de 2006 (cuando se aprobó inicialmente el plan que después anuló el TSXG) por lo que se informa favorablemente.

Aquellos condicionamientos era, por cierto, los mismos que esgrimió el alto tribunal en su sentencia, promovida por el recurso de 96 vecinos, con los que se ha tratado de negociar en estos meses para evitar nuevas complicaciones. La Xunta ve ahora resueltas esas deficiencias y da luz verde a la "legalización" del polígono, lo que aclararía, en teoría, el futuro de todas las iniciativas privadas en Barro-Meis.

De hecho, desde que se conoció la sentencia, varias empresas ya habían anulado las reservas de suelo realizadas en la zona. Aunque la promoción del parque corresponde a la Diputación, la tramitación urbanística corresponde en exclusiva al Concello de Barro. Su alcalde dejó ayer claro que "ahora estoy muy tranquilo" y asegura que "haré todo lo posible para que salga adelante porque es el mejor polígono de la provincia y de los mejores situados de toda Galicia"