Barro podrá autorizar furanchos al ser uno de los trece municipios que la Xunta incluye en el borrador del decreto que los regulará.

Solo trece municipios de la provincia de Pontevedra podrán abrir sus furanchos una vez entre en vigor la nueva normativa que regulará el funcionamiento de estos establecimientos tradicionales y que, actualmente, está preparando la Consellería de Presidencia. El decreto solo ha tenido en cuenta a las localidades en las que había establecimientos de este tipo legalizados. Un requisito que, en O Salnés, solo cumplían Cambados y Sanxenxo y, en la zona de Pontevedra, Bueu, Marín y Vilaboa. Los concellos afectados ya han presentando sus alegaciones.

Según los datos de la secretaría xeral de Turismo, en toda la provincia de Pontevedra solo existían un total de 156 furanchos o loureiros. En concellos como Meaño, cuna de estos establecimientos y que se encargó de poner de moda estos locales, no había ninguno inscrito en el registro oficial. Tampoco en Ribadumia, en Poio o en Pontevedra capital. El problema es que, ahora, ha sido este registro el que ha utilizado Presidencia para determinar en qué concellos había «tradición furancheira» y, por lo tanto, se autorizaban estos locales.

El borrador con el que está trabajando la Xunta solo incluye a trece municipios. En O Salnés, solo Cambados y Sanxenxo podrán autorizar este tipo de locales. En el entorno de Pontevedra su existencia queda limitada a Barro, Vilaboa, Marín y Bueu. Meaño, Meis, Ribadumia, O Grove, Vilagarcía y Vilanova quedan, de esta forma, fuera de esta nueva normativa. Curiosamente se trata de concellos en los que hay tradición vitivinícola y, por ende, se ponen en marcha numerosos furanchos. Aunque no hay datos oficiales, se calcula que entre Ribadumia y Meaño puede haber alrededor de medio centenar de estos locales. Menor es la incidencia en Vilanova o en O Grove, aunque sí que existen estos establecimientos tradicionales.

En la comarca de Pontevedra sucede lo mismo en Poio y en la capital de provincia. Se calcula que, en total, hay unos cuarenta locales de este tipo que, una vez entre en vigor el nuevo decreto, tendrán que desaparecer.

Según explica el portavoz de los furancheiros de la provincia, José Luis Videira, solo se ha tenido en cuenta a aquellos municipios en los que ya había furanchos legalizados de acuerdo con el decreto que ahora está en vigor. El mismo argumento ofrecen en la Consellería de Presidencia. Por eso ahora serán los concellos los que tengan que presentar sus correspondientes reclamaciones y esperar a que la Xunta las tenga en cuenta. Para ello deberán demostrar que cuentan con una amplia «tradición furancheira».

Es algo a lo que también se han sumado agrupaciones políticas. Es el caso del Partido Popular de Poio, que el pasado jueves tramitó su alegación insistiendo en el carácter tradicional de estos negocios, así como criticaron duramente la actitud mantenida desde el gobierno de Luciano Sobral. De hecho, el portavoz del PP, Ángel Moldes, sostuvo que el gobierno municipal realizó «unha deixadez de funcións» e «intentou manipular á opinión público», ya que considera que toda esta situación podría haberse evitado.