La gestión conjunta del servicio de basura a nivel provincial será una realidad a partir del próximo 1 de enero. Esta es la fecha límite que se estableció en la comisión de alcaldes reunida ayer en la Diputación de Pontevedra para sentar las bases del proyecto, que busca la unificación de tasas y prestaciones en los municipios que tienen gestión directa de los residuos.
El presidente de la corporación provincial, Rafael Louzán, se comprometió ante los 15 regidores locales a que la homogeneización de las tarifas no supondrá un incremento de las tasas por el servicio, de por sí caro.
«A Deputación vai asumir o esforzo, se fose necesario, desde o punto de vista económico para harmonizar as tarifas e non gravar máis aos cidadáns», afirmó, salvo en aquellos concellos en los que no se cobra el servicio o se hace de forma extremadamente baja -como en el caso de Barro, en donde se perciben tan solo 6 euros al mes-.
Louzán apuntó que la cobertura del déficit se realizará a lo largo de los primeros meses, ya que espera que la gestión conjunta reduzca los costes de la prestación y, a corto y medio plazo, poder llegar a rebajar el recibo. También adelantó que no se establecerá un recibo anual, sino que se fraccionará el pago en varias mensualidades para facilitar la liquidación al contribuyente.
Entre las directrices marcadas por la Diputación y la comisión de alcaldes, se acordó la de la reducción de los recursos humanos y de vehículos, la articulación más eficiente de las rutas y el incremento de la separación en origen. En este sentido, se insistió en la necesidad de realizar una campaña de concienciación ciudadana para fomentar el reciclaje e insistir en el coste que supone una mala separación de los residuos.
Además de la concienciación de asociaciones de vecinos, colegios y colectivos culturales, también se valorará la implicación de los colectivos de comerciantes, teniendo en cuenta su papel en la gestión de los desperdicios que generan.
Hoy comenzarán las visitas a los concellos adheridos a la iniciativa por parte de la empresa consultora encargada. Esta, junto con los técnicos de la Diputación, estudiará las condiciones de contrato de cada municipio, recogiendo tanto el número de vehículos y personal implicado, como las rutas y frecuencias, el estado de los contenedores y puntos de recogida de residuos. Los resultados se expondrán en una nueva reunión, emplazada para dentro de dos meses, a partir de la cual se empezarán a concretar las condiciones del servicio conjunto de recogida.
Un grupo de trabajo desarrollará la fórmula bajo la que funcionará la propia comisión. Se apuesta por la encomienda de gestión o la delegación de competencias, descartando un consorcio u otra institución pública para no dotar de un ente más a la ciudadanía y evitar un coste a mayores sobre el servicio.
Gestión de los puntos limpios
La corporación provincial estudia también hacerse cargo de los 21 puntos limpios que existen en los 35 concellos que cuentan con gestión directa de los residuos, y que son los que inicialmente se podrían sumar al servicio provincial.
La inclusión de los puntos limpios ofrecería una cobertura a nivel provincial, con unos horarios de apertura adaptados y un servicio con garantía para cubrir las necesidades de los ciudadanos; teniendo en cuenta que muchos de ellos están encontrando actualmente dificultades para mantenerse operativos.
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