Los vecinos de Barro denuncian que el abastecimiento de agua de Sacyr en San Amaro está sin legalizar

Critican la incertidumbre sobre cuándo la empresa cumplirá su advertencia de dejarles sin suministro

"De momento seguimos teniendo agua, pero estamos con la incertidumbre de que en cualquier momento nos dejan sin ella y no nos podemos hacer cargo del depósito como pretenden". De esta forma resumía José Fernández, uno de los afectados, la situación que están viviendo las 15 familias de San Amaro en Barro luego de que se cumpliese el plazo de 12 días de advertencia por parte de la empresa Sacyr de dejarles sin suministro de agua si no se hacían cargo del mantenimiento del depósito que la constructora realizó hace 8 años tras secar los acuíferos de la zona en la obra de la construcción del túnel del AVE.
Si los afectados reclamaban que el alto coste del mantenimiento de los bombeos del depósito hacía inasumible económicamente hacerse cargo, ahora se le añade la ilegalidad de la obra. El propio alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes confirmaba a los vecinos sus sospechas de que Augas de Galicia no tiene constancia de la existencia de tal suministro y que solo se tramitó en su día el permiso la captación de un manantial.
A efectos prácticos, esto indica que los vecinos se han esta do abasteciendo de un sistema no legalizado de distribución de agua. En la infraestructura, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), cuenta con un depósito de agua, necesario para utilizar en caso de que se produzca una emergencia en el interior del túnel, a la que tampoco le consta a la autoridad competente.
"Nos quieren entregar algo que no podemos asumir económicamente, que no nos compensa el servicio que teníamos antes de la obra y que además está ilegalizado", comenta Fernández, el vecino afectado, que ve más problemas en la entrega de este depósito como sería la propia finca en la que está ubicado. "El terreno es de un particular y en su día incluso lo pagaron bien, pero en cualquier caso no es nuestro", señala.
Pero los problemas de asumir esta obra deficitaria y que no está legalizada es mayor. "Iba a ser algo puntual, pero así lleva ocho años sin que tengamos nuestros pozos con agua. Además, pusieron los tubos de cualquier manera, si tuviéramos que arreglarlos, habría que levantar toda la carretera", señala Carmen Ruibal, otra de las afectadas.
Esta misma semana los vecinos han reunido firmas para enviar a Sacyr y al ministerio de Fomento para sentarse a discutir la situación, tras el interés de la primera en dejar la instalación tras cumplirse la garantía de la obra, ante desentendimiento de la administración estatal. "Creemos que con la presión vecinal ya estamos provocando que Sacyr tarde más en realizar el corte que nos dijo que iba a hacer, por que sepan que si no nos atienden en una reunión nos movilizaremos", señalaba Ruibal y añade, "ya nos hicieron acostumbrarnos a vivir con prácticamente con el agua racionada, no queremos vivir con el miedo de si nos cortarán el agua o no".

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